Enrique Méndez
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen a la minuta del Senado que reforma la Ley General de Educación, para permitir la revalidación de estudios a migrantes que sean expulsados de Estados Unidos, e incluye el reconocimiento de la movilidad escolar.
El dictamen fue aprobado por 19 legisladores de PRI, PAN, PVEM, Panal, PES y Movimiento Ciudadano; hubo dos abstenciones del PRD, mientras Morena se dividió: la diputada Magdalena Moreno Vega, suplente de la candidata de ese partido al gobierno del estado de México, Delfina Gómez, respaldó el documento, y su compañera de bancada Patricia Aceves Pastrana votó en contra.
De esa manera, Aceves Pastrana se quedó sola con sus argumentos respecto de que la reforma abre la puerta a la privatización de la enseñanza a nivel superior, porque ahora, dijo, la Secretaría de Educación Pública podrá delegar en instituciones privadas la revalidación de estudios.
El PRD, que junto con las otras bancadas rechazó las propuestas de modificación de Patricia Aceves al dictamen, después no obtuvo el respaldo a un cambio planteado por Francisco Martínez Neri, quien pidió que se obligara a la Secretaría de Hacienda a destinar recursos excedentes para garantizar la educación de los repatriados.
Durante la discusión del dictamen, al que se le dará declaratoria de publicidad en la sesión de hoy, para que se vote el jueves en el pleno, diputados de PRD, PAN y Panal argumentaron que la reforma busca resolver un problema que se agravará conforme avance la política de expulsión de Donald Trump: los espacios educativos para niños, niñas y jóvenes mexicanos residentes en Estados Unidos.
Luis Manuel Hernández, ex dirigente de la sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afirmó: No podemos darle la espalda a los chicos que están ante una dificultad. Aquí estamos en favor o en contra, no hay de otra. No tenemos derecho a confundir una tendencia privatizadora.
Adolfo Mota, quien fue secretario de Educación en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, sostuvo que el cambio a la ley de educación no pretende que los partidos se granjeen una ganancia política, sino atender un problema que nos vino de repente.
Ante ello, Aceves Pastrana señaló que la discusión no es si los diputados respaldan o no a los migrantes. Sería absurdo que alguien dijera que no los apoya o que nos neguemos a mejorar los servicios educativos. La cuestión es que este dictamen está defectuoso: mientras los artículos 12 y 13 de la ley definen que es facultad exclusiva del Estado otorgar la revalidación, en los artículos 14, 56 y 63 aquí modificados se dice lo contrario, que se delegará esta atribución a las escuelas particulares.
Argumentó que si el origen de la reforma fuera el conflicto migratorio creado por Trump, se hablaría de apoyar a las escuelas rurales y comunitarias, donde se concentrará la población deportada, y esta circunstancia apenas se alude en la iniciativa.
