José María Carmona

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en días pasados presento su informe de actividades ante el presidente Peña Nieto y la nota fue la disminución de la violación a los derechos humanos por parte del ejército, la Procuraduría General de la República, pero el documento también señala al IMSS al ISSSTE  donde por negligencia médica, estas instituciones de salud  tuvieron el mayor número de quejas de parte de los derechohabientes, así lo señalo su presidente Luis Raúl González Pérez.

Por otra parte en una entrevista el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos  Víctor Serrato Lozano  declaro su preocupación de parte del gobierno estatal de Silvano Aureoles al indicar que la protesta social en Michoacán muestra una tendencia a la criminalización y al cancelar el derecho de manifestación por parte de los cuerpos policiacos por lo que pidió entre otras cosas unificar los logotipos y el uniforme de los miembros de la seguridad de la entidad.

En otro orden de ideas, los cuerpos policiacos han venido agrediendo y obstaculizando en Michoacán el desempeño de los trabajadores de los medios de comunicación que cubren la fuente de movimientos sociales quitándole sus instrumentos de trabajo en algunas ocasiones con lo que se violenta el derecho a la libertad de expresión y la información.

En los recientes bloqueos los uniformados han intervenido para evitar esas acciones y replegar a los manifestantes, así como la formación de de cercos policiacos a las instalaciones de las oficinas públicas.

Un promedio de mil 200 acciones de presión el año pasado se registraron en Michoacán según la Subsecretaria de Gobernación, donde los sectores que más  se movilizaron para exigir a las autoridades gubernamentales de todos los niveles la solución a sus demandas.

También resulta cuestionable la política de seguridad del gobierno perredista de Silvano Aureoles en dos aspectos, el primero el arribo de más de 5 mil miembros de la policía federal a Michoacán para garantizar la paz y la tranquilidad, así como la seguridad de todos los michoacanos y el segundo su política de disolver los grupos de autodefensa que aun existen en la entidad.

Al mismo tiempo la política del Mando Unificado donde los gobiernos municipales le ceden la seguridad municipal al gobierno estatal, por parte de los especialistas y los analistas es una estrategia para supuestamente disminuir los índices de violencia en Michoacán.

El único municipio que no acepto esta política fue el de Cherán ya que la estrategia de esta comunidad indígena para garantizar la seguridad y tranquilidad de su municipio han sido las rondas comunitarias que han tenido resultados positivos.

De esta manera, la policía de seguridad y el respeto a los derechos humanos están íntimamente relacionadas y condicionadas, pero para la percepción ciudadana el ejército, la policía federal y como ya ha quedo demostrado las policías municipales están coludidas con el crimen organizado, en el caso de Veracruz donde desaparecieron a jóvenes que fueron encontrados muertos, existe una violación de los derechos humanos de manera sistemática.

Para los organismos internacionales, en particular la Comisión Interamericana de derechos humanos todos los niveles de gobierno en esta materia esta reprobados.

Hoy tanto las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos no tienen capacidad vinculante y sancionadora frente al abuso de los órganos del estado en contra de los derechos humanos y constitucionales y lamentablemente sus recomendaciones son en enunciativas, pero contradictoriamente el artículo primero constitucional obliga al Estado mexicano a promover y proteger los derechos humanos en todos sus niveles, en particular los de las minorías nacionales.

Pero no cabe la menor duda y existe evidencia suficiente de la violación sistemática de los derechos humanos, por lo menos en la Comisión Estatal de los derechos humanos Michoacán existe una sobre carga de trabajo por el numero acumulado de quejas y la falta de presupuesto y los recursos humanos. Así el país y Michoacán viven una crisis en materia de derechos humanos.