José María Carmona

El gobierno de “izquierda” del perredista Silvano Aureoles cumplió 100 días, y en este periodo de tiempo el gobernador salió a los medios de comunicación para anunciar sus propuestas de políticas públicas para 2016.

 

Pero estos anuncios de los medios de comunicación obedecieron al descontento y “paliza” que recibió el mandatario estatal en las redes sociales y el repudio al canje de placas y el alto costo que golpea los bolsillos de un amplio sector de la población.

 

Aunque Aureoles hace propaganda de sus logros en este breve tiempo, el bono democrático que se traduce en la aceptación de la mayoría de los michoacanos con relación a sus acciones de gobierno ha causado el término de la luna de miel política.

 

Hoy las finanzas públicas estatales están en banca rota por la corrupción y la opacidad con que se manejaron los gobiernos perredistas y priistas el pasado reciente sin que existan culpables del daño al erario público, pero eso si el costo de las facturas el gobierno silvanista se la cobra a los ciudadanos con el aumento de impuestos, el famoso canje de placas que según esto es por razones de seguridad, mientras la violencia aumenta de manera cotidiana lesionando el patrimonio de los michoacanos.

 

El rompimiento es evidente entre la ciudadanía y particularmente en un amplio sector de la población que se encuentra empobrecida y el gobierno del nuevo comienzo.

 

Pero el gobierno de Aureoles no solo se va a cobrar los platos rotos de la ineficiencia gubernamental, sino también ha lanzado una ofensiva contra el magisterio democrático, encarcelo a los normalistas y pomposamente anuncia que liquidara a los grupos de autodefensa.

 

De esta forma las acciones gubernamentales de Silvano obedecen a los intereses de los grupos más reaccionarios y conservadores en Michoacán.

 

Hasta hoy no se sabe que el gobierno pretenda llevar hasta las últimas consecuencias la aclaración del desfalco financiero estatal, ni tampoco trasparentar en que se gastaron los cuantiosos recursos financieros recibidos por lo menos en los últimos 14 años como producto de las participaciones federales que incluyeron los beneficios de la renta petrolera para los estados y los municipios.

 

Pero al gobernador Aureoles todavía no le cae el veinte de que la campaña electoral ya termino y que tienen que ponerse a gobernar o por lo menos intentar construir una gobernabilidad democrática.

 

En este escenario, se han desarrollado los foros para la elaboración del plan estatal de desarrollo, utilizando una metodología equivocada donde se gasta el dinero público sin sentido y es que no está mal que se consulte a la ciudadanía, a los especialistas y a los académicos pero a final de cuentas ha resultado en circo, maroma y teatro, así no se hace la política pública, el plan es un enunciado de intensiones gubernamentales de corto y mediano plazo que tarde o temprano tendría que traducirse en políticas públicas concretas.

 

Aunque el mandatario estatal en su campaña ante los medios de comunicación ha anunciado grandes obras públicas para la entidad tiene una limitante que consiste en el factor presupuestario, lo que significa que no contara con los recursos financieros para llevar a cabo todos los proyectos que demandan los ciudadanos.

Así de esta manera, estos primeros 100 días del gobierno de izquierda perredista no han conmovido al pueblo michoacano y muy al contrario existe una resistencia entre amplios sectores de la población por el golpe económico a sus bolsillos y la represión hacia los movimientos sociales, en vez de sumar está restando el bono democrático está a punto de agotarse y con ello el nuevo comienzo mesiánico prometido en la campaña electoral está por desvanecerse como producto del descontento popular.