José María Carmona

El ex gobernador Fausto Vallejo, el ex comisionado para el Desarrollo y la Seguridad en Michoacán Alfredo Castillo y Martín Godoy Procurador de Justicia del estado de Michoacán serán llamados a comparecer en el juicio que se le sigue al Dr. Míreles informo su abogado Ignacio Mendoza.

La causa de esa comparecencia obedece a que el delito que se imputa a Míreles y a 200 autodefensas no tiene fundamento legal, no solamente en el hecho sino a todo lo largo del conflicto.

Los comparecientes tendrá que responder por estos hechos, en el sentido de que conocieron y consintieron el armamento que poseían en su momento los autodefensas, además de que avalaron y reconocieron en su momento de los hechos, así mismo de que una parte de estos grupos fueron institucionalizados sin fundamento legal, debido a que tanto Castillo, Vallejo y Godoy sin fundamento legal autorizaron el uso de armas exclusivas del ejercito sin tener facultades constitucionales.

Según el abogado Mendoza, el estado de derecho en términos estrictamente jurídicos está roto hoy en Michoacán por todo lo anterior señalado.

Las personas citadas a declarar, están en un callejón sin salida y no lo podrán hacer por escrito, además existen tiempos fatales para que se lleve a cabo las diligencias, lo que significa que a más tardar el 16 de diciembre el juez que lleva la causa tendrá que fallar y lo más probable es que sea a favor del Dr. Míreles.

Para ello existen otros casos similares donde bajo ese argumento algunos comunitarios han salido en libertad, lo que en términos de la técnica jurídica – el que escribe no es experto en estos asuntos- el fundamento legal de su detención no existe.

Sin profundizar por falta de conocimiento en la lógica jurídica, la detención y el encarcelamiento del Dr. Míreles, las autodefensas y los comunitarios son víctimas de una decisión política, de los acuerdos perversos entre Fausto Vallejo, Alfredo Castillo y el propio presidente Enrique Peña Nieto quien se saco de la manga un decreto anticonstitucional para nombrar a un comisionado que hizo lo que quiso, menos apegarse al estado de derecho.

Hoy queda demostrado que la detención de las autodefensas y comunitarios obedeció a que criterios discrecionales de carácter político y por lo tanto todos las autodefensas y comunitarios que encarcelaron son presos políticos.

El propio abogado de Míreles argumenta que la posible Ley de Amnistía que pudiera llegar aprobar el Senado de la Republica no sería aplicable en estos casos, porque el encarcelamiento se llevo a cabo fuera de todo estado de derecho.

Así de esta manera queda demostrado que la legitimidad del accionar de los grupos de autodefensa históricamente es válida, ya que al no contar la población que fue víctima del crimen organizado con la seguridad que tendría que brindarle el estado mexicano, se vieron en la necesidad de tomar las armas para defender su vida, su familia y su patrimonio con pleno conocimiento de todos los niveles de gobierno.

Ese hecho de un estado fallido y coludido con el crimen organizado, además de que en el caso especifico de los civiles armados se actuó jurídicamente sin fundamento por lo que Vallejo, Castillo y Godoy se le pueden fincar responsabilidades de carácter delictivo.

Por lo pronto el estado de derecho en Michoacán continua roto desde la perspectiva jurídica, pero lo más grave del asunto fue la actuación de carácter político para encarcelar y derrotar a los autodefensas como una salida a la crisis de la seguridad en Michoacán, que puso en crisis política al gobierno de Peña Nieto y alcanzo dimensiones internacionales.

Jurídicamente se puede corregir por la justicia esta omisión, pero políticamente es condenable la manera de proceder de los que tenían a su cargo el poder político en Michoacán y en el país, en este caso de Fausto Vallejo y del ilegítimo ex comisionado Alfredo Castillo.

Míreles y las autodefensas, además de los comunitarios deben de quedar en libertad inmediatamente y a los responsables de su encarcelamiento se les debe de abrir un proceso judicial por violar flagrantemente el orden constitucional.