José María Carmona

 

El Lunes 20 de Julio, nuevamente los michoacanos nos despertamos con una infame noticia de un enfrentamiento entre pobladores y militares en el  municipio de Aquila y concretamente en la localidad de Ixtapilla, los pobladores bloquearon la carretera de Lázaro  Cárdenas –Manzanillo en demanda de la liberación del comandante general   de la policía comunitaria, Semei Verdia, quien fue detenido por las  fuerzas federales por portación de armas de uso exclusivo del ejército.

Como es de conocimiento este enfrentamiento dejo cuatro personas heridas y un menor muerto de nombre Heriberto Reyes García las primeras versiones de los hechos son contradictorios por parte del ejercito  argumenta y acepta que dispararon al aire para disuadir a los pobladores, pero también al principio el parte militar señala  que los pobladores fueron los que dispararon contra los militares,

Hasta ahora no se ha podido establecer  una versión creíble de los hechos, y al paso de los días la versión de los pobladores y los videos además de un audio difundido en los medios de la comunicación y las redes sociales  dicha versión se fortalece, en una entrevista en la cadena estadunidense CNN en español con Carmen Arístegui, los representantes de la comunidad de Aquila dieron argumentos sólidos donde se demuestra que los militares fueron los primeros que dispararon.  

Las declaraciones del comisionado para la seguridad en Michoacán  Pedro Felipe Gurrola Ramírez.                               son muy débiles, pero al final de cuenta el hecho objetivo  es el enfrentamiento de los mandos militares para desalojar  a los pobladores  de la carretera.

Independientemente de la actuación y la orden del mando militar otra vez en Michoacán se registra una nueva masacre donde los militares impunemente  reprimen a la población y este accionar  militar viola la soberanía del estado.

De esta manera el gobierno federal y estatal no quiere reconocer la capacidad y el derecho que tienen los indígenas de Aquila, en el sentido de que fueron capases de organizarse  para auto defenderse del crimen organizado quien se apodero de los recursos naturales para explotarlos clandestinamente.

Como se sabe la región de la Sierra-Costa es rica en minerales y recursos naturales, lo que ha dado lugar a una disputa por los inversionistas nacionales y extranjeros, así como por el crimen organizado  a despojar a los comunitarios de sus  propiedades y el derecho a gobernarse de acuerdo a los usos y costumbres como armase  para defender no solo su patrimonio sino también su cultura.

La detención de sus dirigentes comunitarios es parte de la política de Peña Nieto y Salvador Jara Guerrero para desmantelar a las autodefensas en Michoacán y la misma acción de encarcelar a los luchadores sociales hoy convertidos varios de ellos en presos políticos como es el caso del Dr. Mireles.

Esta nueva masacre contra un sector de la población michoacana se viene agregar a las demás de la Ruana y Apatzingán donde la versión oficial es que los civiles se matan solitos sin que exista responsabilidad ahora en este caso Santa María Ostula municipio de Aquila.

De acuerdo a interpretaciones jurídicas, el hecho de que los militares intervengan en actividades que les corresponden a las autoridades civiles y en particular a las policías locales, viola la soberanía del estado de Michoacán  cayendo por lo menos  en una grave omisión tanto el gobernador Salvador Jara como el Congreso local de Michoacán donde es  existe una ambivalencia entre los artículos 29 y 129 constitucionales donde el poder ejecutivo federal no tiene la facultad para dar la orden de utilizar a la fuerza militar en contra de la población sin que existe una mediación de la amenaza a la soberanía nacional, previa autorización del Congreso de la Unión.

Por la gravedad del hecho se tiene que llevar a cabo una investigación a fondo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y muy tarde mente este fin de semana estará en el lugar de los hechos una comisión de la ONU.

Es el momento de que todas las organizaciones sociales democráticas, así como los activistas sociales y los defensores de derechos humanos demanden tres cosas: la liberación inmediata e incondicional del comandante general Semei Verdia; investigación a fondo del mando militar como responsable de la masacre y justicia inmediata; la salida inmediata de los militares de la región y juicio político al gobernador de Michoacán por su omisión y la destitución del Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Pedro Felipe Gurrola Ramírez.