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chemaJosé María Carmona

Una noticia de la semana pasada que no fue muy comentada es la elección del sindicato ‘Miguel Trujillo Gómez’ de General Motors de Sílao por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo que tenia la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y que de acuerdo a la reforma laboral todos los contactos colectivos de trabajo que convengan los sindicatos con las empresas deben de ser dados a conocer a los agremiados para su aprobación y ratificación en su momento.

En el caso de General Motors, fue una petición de la autoridad laboral de Estados Unidos y del los trabajadores en aquel país de acuerdo a las nuevas reglas del T-MEC firmado entre México y los Estados Unidos.

El proceso de votación estuvo observado “en todo momento” por personal de la Secretaría del Trabajo; observadores del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El resultado fue 3 mil 214 trabajadores que votaron por el no, 2 mil 623 por el sí, mientras que se contaron 39 votos nulos, explicó la Secretaria del Trabajo.

Por lo cual las expectativas de los integrantes de Generando Movimiento de General Motors se cumplieron quitándole  la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo al sindicato ‘Miguel Trujillo Gómez’ que lidera Tereso Medina y que está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El proceso estuvo marcado por acusaciones de intimidación para orientar el sentido del voto de los trabajadores.

Héctor de la Cueva, coordinador de investigación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), advirtió que hubo personas que trataron de asustar a los trabajadores.

Denunció que miembros del sindicato ‘Miguel Trujillo Gómez’ intimidaron a los empleados al decirles que si votaban por el ‘No’, la automotriz se llevará su planta, y que incluso ofrecieron dinero para comprar el voto por el ‘Sí'.

“Con ello, se da por terminado el contrato colectivo de la planta”, agregó  un comunicado.

En apariencia la reforma laboral en los aspectos relacionados para que los trabajadores conozcan  el contenido de los contratos colectivos de trabajo y que se someten a votación para rectificarlos o rechazarlos es progresiva y democrática, pero el problema fundamental es la intervención directa de la Secretaria del Trabajo como autoridad ajena a la vida de los sindicatos y del Instituto Nacional Electoral como parte organizadora de este proceso y aun peor de un organismo como es la Organización Internacional del Trabajo en los asuntos internos no solo de los sindicatos, sino también del país.

La cuestión tanto de la vida sindical como de la contratación colectiva era formalmente un asunto que le competía exclusivamente a los agremiados a los sindicatos y constituye un aspecto fundamental  de la vida democrática para defender los intereses de los trabajadores a través de la coalición que se concreta en la existencia de los sindicatos.

Sin embargo, como se sabe en México las organizaciones sindicales desde los años treinta del siglo pasado están sometidas al corporativismo por parte de los burócratas sindicales mejor conocidos como “charros” financiados por las patronales y el gobierno para someter a los trabajadores a las peores condiciones de explotación, trabajo y vida.

La mayoría de los trabajadores de los sindicatos desconocen los derechos tanto sindicales como las condiciones laborales, además de que los dirigentes sindicales los obligan a trabajar mediante contratos de trabajo llamados de protección, que significa que los burócratas sindicales firman los contratos con las empresas sin que los trabajadores los conozcan y aun mas bajo la figura de afiliación forzosa donde los trabajadores que se nieguen a aceptar la misma son separados de los puestos de trabajo, además de la característica en la titularidad de los contratos de la exclusividad de los sindicatos titulares del derecho a la contratación individual de los trabajadores, si bien es cierto en su momento esta característica fue producto de la lucha sindical, los burócratas sindicales la utilizan para controlar y extorsionar al trabajador mediante la venta de las plazas de trabajo que han convertido a los dirigentes sindicales en verdaderos magnates del mercado de trabajo y a las confederaciones sindicales que administran miles de contratos de trabajo donde los trabajadores ignoran su contenido y en la mayoría de los casos son firmados a espaldas de ellos.

En el caso de los trabajadores de General Motors al no aceptar el contrato colectivo de trabajo queda anulado y en apariencia se tendrá que negociar uno nuevo en peores condiciones porque desaparece el sindicato y solamente prevalecen las relaciones laborales individuales con lo que constituye un duro golpe al sindicato y sindicalismo.

Pero en el caso de General Motors, los trabajadores van a estar sometidos bajo el control del dirigente charro de la 4T, Napoleón Gómez Urrutia, en un nuevo proceso de corporativismo ahora con el color guinda de Morena, donde se firmara un nuevo contrato imponiéndoles a los trabajadores un sindicato “fantasma” el cual seguramente ya se negocia en la Secretaria del Trabajo con la bendición de los gerentes de la empresa automotriz y la de López Obrador.

Esta es la política de la reforma laboral que en apariencia impulsa la “nueva democracia sindical” que no es otra cosa que un nuevo corporativismo al servicio de la patronal tanto del país como extranjera, bajo las reglas en términos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que somete a los trabajadores a peores condiciones de trabajo y de vida y afianza el control sobre los sindicatos anulando la independencia sindical por el momento lo que dificulta que los trabajadores se puedan organizar de manera independiente bajo sus propios estatutos para enfrentar la política económica y laboral de un gobierno explotador y de hambre como es el de López Obrador al servicio de la patronal extranjera y nacional.

Es por ello que hoy la democracia sindical y la contratación colectiva están encarceladas por la 4T.  

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