José María Carmona

El presidente López Obrador  estalló en cólera cuando le comunicaron que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica había sido impugnada mediante una controversia constitucional y que el juez que recibió la demanda otorgó la suspensión de dicha ley en todas sus partes, allí comenzó la telenovela presidencial.

El segundo juez Juan Pablo Gómez Fierro, del Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México concedió un amparo a dos empresas eléctricas en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) publicadas apenas el pasado 9 de marzo.

Con lo anterior, comienza un litigio judicial y queda suspendido el control total del sector eléctrico por parte del Estado mexicano esencia de la reforma misma y echa abajo el deseo presidencial de recobrar la soberanía sobre el mismo para poner fin a una reforma de carácter “neoliberal” como la califica el gobierno de México.

Pero volver a tener soberanía sobre la industria eléctrica del país es un cuento “chino” en materia de productividad y generación de la electricidad en beneficio de los mexicanos y el fortalecimiento de  empresas productivas del Estado como se denomina a la Comisión Federal de Electricidad.

Antes de la reforma a la industria eléctrica en el gobierno de Peña Nieto, el Estado mexicano era el que tenía el control monopólico en la generación, transmisión y distribución de este sector energético.

Durante todo el proceso de la industrialización del país durante más de cuarenta  años, la electricidad  fue fundamental para el desarrollo de este proceso, el presidente Adolfo López Mateos, nacionalizó las empresas generadoras de electricidad en 1960 en manos de compañías extranjeras para la integración del sector eléctrico en una sola compañía como fue la CFE.

Este proceso fue una condición necesaria para satisfacer la demanda creciente de consumo tanto domestico como industria de electricidad; en este periodo se realizaron las grandes obras como fueron las presas hidroeléctrica y termoeléctrica del país, los costos de producción siempre fueron elevados, mientras que las tarifas eléctricas industriales fueron bajas, lo que significa el otorgamiento de un subsidio casi permanente a las grandes empresas principalmente de automotriz, la de aparatos eléctricos, la cementera y en parte la de la construcción.

Con el subsidio otorgado a las compañías principalmente las transnacionales aumentaron considerablemente la rentabilidad de sus inversiones a costa de un déficits y descapitalización de la CFE, aparte del manejo lleno de opacidad y corrupción en su administración por parte de sus directores y la sangría por parte de los dirigentes sindicales.

Pero la modernización de la economía mexicana obligó  también a la CFE a pasar el mismo proceso y volverla más eficiente y productiva ante el aumento de la demanda de electricidad del país.

Siempre la CFE subsidió las actividades productivas del país y como ya se indico en especial a los grandes proyectos de industrialización; también la ampliación del mercado interno y el consumo de aparatos eléctricos en los hogares fueron factores importantes en el crecimiento de la demanda de electricidad del país.

Por lo tanto, las utilidades generadas por la CFE fueron transferidas a otros sectores privados industriales y con ello la causa principal de que el gobierno tuvo que asignar grandes recursos financieros públicos al financiamiento de la empresa mexicana y alcanzar la denominación de una  empresa de clase mundial.

Sin embargo ahora la CFE alcanza grandes pasivos de  más de mil millones de pesos para el 2020 lo que significa una carga para poder mantener sus niveles eficientes y de calidad que demanda el país.

A pesar de ello, los cambios tecnológicos en la producción de la electricidad son importantes debido a la utilización de combustóleo altamente contaminante  y con ello el surgimiento de las formas de producción de energía limpias que lamentablemente están en manos privadas extranjeras las cuales presionaron al gobierno de Peña Nieto para la apertura del mercado y con ello hasta el 2020 general el 50 por ciento del total de la producción en el país.

Además de ello, el precio de producción es más barato y menos contaminante, lo que está en litigio es la prioridad para suministrar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad donde existe hasta ahora un mercado abierto y por eso la reforma a la ley es jurídicamente anticonstitucional y el gobierno de López Obrador firmó en el T-MEC la apertura del sector eléctrico; y como los tratados internacionales forman parte de la Constitución y existe todo un proceso de negociación y de controversias.

Por lo tanto hoy con el otorgamiento de la suspensión total a la reforma de la Ley de Electricidad, el presidente ha quedado electrocutado a pesar de todos sus alegatos ante la Suprema Corte de la Nación y la exigencia de López Obrador para que se investigue al juez que otorgó la suspensión de toda la reforma a la Ley de la Industria de la Electricidad. Por lo tanto hoy a pesar de toda la furia presidencial la reforma y el propio López Obrador se encuentran electrocutados por el poder judicial de la federación.