chemaJosé María Carmona

El federalismo mexicano está fuertemente cuestionado por la Alianza Federalista que constituyen varios gobernadores entre los cuales está el gobernador  Enrique  Alfaro de Jalisco, Jaime Rodríguez de Nuevo León y Silvano Aureoles de Michoacán, los cuales demandan una mayor participación de los ingresos públicos federales y se oponen a la reducción de las participaciones federales para el año 2021.

Inicialmente la Alianza  Federalista llegó a plantear  romper con el pacto federal en materia hacendaria para que los estados que gobiernan cobrarán los impuestos que generan sus entidades federativas, lo que fue interpretado por los analistas como una ruptura del pacto federal.

Como se sabe, cada estado de la república mexicana es libre y soberano, y desde el constituyente de 1857 se llegó a conformar el pacto federal, cediendo parte de las funciones y competencias de cada una de las entidades federativas a la federación; de esta manera nació y triunfó el federalismo mexicano que fue ratificado en la Constitución de 1917.

Anteriormente cada entidad federativa era la encargada de cobrar la carga impositiva a las personas físicas y morales, pero en 1978 en el gobierno de José López Portillo se llegó al acuerdo de que los principales impuestos como son el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Bienes y Servicios fuera una atribución por parte del gobierno federal para recaudarlos.

De todos los ingresos tributarios federales, las entidades federativas tienen el derecho de recibir una parte de éstos, así la federación se queda con el 80 por ciento, los estados con el 15 por ciento y los municipios reciben tan solo el 5 por ciento para su administración.

Pero el gobierno de López Obrador ha tomado la decisión de recortar las participaciones federales a los estados y municipios para hacer la transferencia directamente a través de los programas federales lo que significa una concentración de los ingresos y gastos de la federación donde todavía no están establecidas las reglas de operación de cómo se van a distribuir tales recursos financieros del país.

Este es el principal motivo de la rebeldía de los gobernadores que conforman la Alianza Federalista por verse afectados por el recorte presupuestal en materia de participaciones y transferencias federales a los estados y municipios que afectan directamente la operación de varios programas bajo la administración en los gobiernos locales.

Es verdad que la distribución de los ingresos tributarios federales está altamente concentrada en manos del gobierno federal, en este caso de López Obrador, el cual podrá manejar con discrecionalidad premiando y castigando a los gobernadores en todos los sentidos.

Inicialmente la Alianza Federalista no solo cuestionó la concentración de los recursos financieros federales, sino también al pacto federal, amenazando con romper  el mismo, pero el día lunes le mandaron una carta al presidente para sentarse a negociar el paquete económico del 2021, particularmente en lo que se refiere al presupuesto del gasto público.

En este sentido los gobernadores de la Alianza Federalista  dejan mucho que desear en la posición al recorte presupuestario porque no establece ni hasta ahora han justificado para que y como van a gastar los recursos financieros que están demandando; además de que existe una falta de transparencia en el ejercicio de los presupuestos estatales y para prueba de ello son los escándalos de corrupción de más de una decena de gobernadores en el pasado reciente.

Además de ello, los ciudadanos ya no se conforman con promesas o enunciados  de acciones gubernamentales, lo que demandan son resultados, que los gobiernos tengan efectividad en la solución de los asuntos públicos que agobian a los ciudadanos, lo que significa que no es suficiente la formulación de políticas públicas de carácter gubernamental elaboradas desde los escritorios de los altos funcionarios  y responsables de los gobiernos, sino que ahora los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil demandan la participación directa en la solución de los asuntos públicos con base en evidencia científicas y técnicas para resolver las problemáticas y también con inteligencia tecnológica.

En este sentido no sólo los gobernadores de la Alianza Federalista son incapaces, ineficientes, impotentes en la solución de las demandas ciudadanas,  entonces cabe la interrogante ¿para qué quieren más recursos financieros por parte de la federación?  Si no son capaces de satisfacer  las principales demandas ciudadanas más urgentes como es la seguridad pública, la salud, el crecimiento económico y el empleo, entre otras.

Pero los gobernadores de la Alianza Federalista no llegan hasta las últimas consecuencias para cambiar el pacto federal ni siquiera en cuestión hacendaria y ahora se conforman con poder negociar el gasto público para el 2021, mientras López Obrador concentra en todos los ámbitos económicos y financieros el poder, mientras los ciudadanos demandan de todos los niveles de gobierno soluciones concretas a sus problemas de corto plazo. El federalismo hoy tan solo presenta grietas en su arquitectura institucional que podría llegar a un colapso en el contexto electoral del 2021.    

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Jose María Carmona

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