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Como se dijo en este espacio, la política económica para enfrentar la crisis financiera y económica del país, tiene varias alternativas, una de carácter anti cíclico que consiste en la intervención del gobierno a través de los diferentes instrumentos de política económica de carácter expansivo, mediante el aumento del gasto público, para estimular la demanda de la economía, mediante la inyección de liquidez al consumo de las familias; la otra parte está relacionada con el gasto público en inversión productiva y de esta manera conservar el mayor numero de puestos de trabajo, aunque a la fecha se han perdido 348 mil 878 empleos formales de acuerdo a la secretaria del Trabajo.

Mientras tanto López Obrador anuncio diez medidas, entre las cuales destaca: Reducir el gasto del gobierno, que no haya aumentos de impuestos, ni aumento de los combustibles, mantener bajas las tasas de interés,  promesa de que la administración seguirá invirtiendo en obra pública, el inicio, este año del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y  con ello se estimulará el crecimiento de la industria automotriz.

Como parte de los lineamientos de austeridad por parte del gobierno federal entre ellos los gastos de operación equivalen a mas de 700 mil millones de pesos los cuales serán asignados a apoyar los programas sociales hasta el mes de agosto y el otorgamiento de 3 millones de créditos a la pequeña y micro empresa por un monto de 25 mil pesos a pagar en el mediano plazo con una tasa de interés equivalente a la que determine el Banco de México.

Pero por otra parte, el Banco de México como prestamista de última instancia le otorgo al sistema bancario y financiero un monto de 750 mil millones de pesos que es un equivalente a 30 mil millones de dólares para apoyar el crédito a las medianas y grandes empresas mientras pasa la contingencia sanitaria; el monto máximo del crédito para estas empresas es de 250 millones de pesos y el mecanismo de financiamiento consiste en liberar una parte supuestamente de los depósitos que por ley los bancos tienen que depositarle al Banco de México  como parte de sus reservas monetarias y de garantía, esta decisión de la banca central ha causado mucha polémica y el enojo presidencial en apariencia porque se le compara con el Fobaproa  que es un fondo de garantía del sistema bancario ante una insolvencia y que en 1995 se convirtió después de la crisis en  parte de la deuda interna del país que todavía están pagando los mexicanos con sus impuestos.

Pero otro elemento a considerar es el enfrentamiento abierto entre el gobierno de López Obrador con los empresarios, más concretamente con el Consejo Coordinador Empresarial  que encabeza Carlos Salazar Lomelí  y el Consejo de Hombres de Negocios que agrupa el poder económico y financiero del país, que ante la negativa de llegar a un “acuerdo nacional” con el gobierno de la Cuarta Transformación,  para enfrentar la crisis económica y financiera del país, consiguieron una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el aval de las secretarías de Hacienda y Economía sin la aprobación del presidente López Obrador; el representante del BID en México afirmo que el gobierno de México había otorgado su autorización, a lo cual López Obrador en la mañanera de este lunes pasado dijo que no estaba de acuerdo en ese acuerdo crediticio y que no se le había tomado en cuenta, una cosa que resulta muy grave para el poder presidencial.

Mientras tanto, los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila y Michoacán convocados por Jaime Rodríguez gobernador de Nuevo León, también lanzaron una propuesta acompañados por las cúpulas empresariales de sus entidades federativas lanzaron un programa para recuperar la economía y conservar los empleos en especial de las pequeñas y micro empresas entre otras cosas que genera el 40 por ciento del valor del PIB y el 80 por ciento del empleo en el país.

Por su parte el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles puso sobre la mesa la importancia para la economía nacional que tiene el Puerto de Lázaro Cárdenas; de esta manera los secretarios de Economía conjuntamente con los organismos empresariales de las entidades federativas ya señaladas se encargaran de operar un programa de rescate económico y financiero que tiene como objetivo rescatar a las empresas y preservar el empleo.

Por lo antes expuesto se pudo sacar varias conclusiones, el gobierno de López Obrador se ha empeñado en sacar por todos los medios sus proyectos estratégicos ya conocidos aunque no son viables;  no existe hasta hoy, una estrategia única para superar la recesión económica y la crisis financiera, y que las cúpulas empresariales hasta el momento le están ganando la partida a López Obrador.

Lo anterior, se prueba con la línea de crédito del Banco de México al sistema bancario, el acuerdo entre los empresarios y el BID para financiar las facturas de las grandes empresas a favor de las ´pequeñas, donde estas últimas obtendrán liquidez financiera y pagaran la tasa de interés correspondientes al costo de la operación.

Y que los gobernadores reunidos en Nuevo León, tampoco están de acuerdo con las medidas populistas de López Obrador y se encuentran muy presionados por los empresarios locales para resolver la crisis económica y financiera que puede derivar en una crisis social de magnitud insospechada.

De esta manera los tres programas económicos puestos sobre la mesa, en el fondo de las cosas pretenden que exista una recuperación a favor de los organismos empresariales para salvar sus capitales y que los trabajadores paguen el costo económico y social a costa de miserables salarios sin prestaciones y el hambre y la miseria como producto de la explotación por parte del capital de millones de trabajadores.

       

  

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