“Al poder político no se alaba, sino se le revisa”

El filosofo Brozo

José María Carmona

Es buena la decisión del gobierno de Silvano Aureoles de regular mediante lineamientos la contratación de publicidad gubernamental u oficial en los diferentes medios de comunicación, tanto impresos, electrónicos – radio y televisión – y digitales, portales de internet.

Aunque son muchos los requisitos para obtener el registro ante el gobierno estatal por parte de los medios de comunicación y los periodistas que trabajan por su cuenta, como lo declaro la Coordinadora  de Comunicación Social, Julieta López en el sentido de transparentar las relaciones entre el poder gubernamental estatal y como ya se menciono los medios de comunicación y los periodistas.

La publicidad oficial es un instrumento importante de interés público, no solo para informar de las actividades del gobernante en beneficio de la sociedad, sino también para llevar a cabo el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas; éstas necesitan de la retroalimentación y participación ciudadana para resolver los problemas públicos de todo tipo con respuestas especificas para cada uno de los asuntos que afectan a la sociedad civil, es una característica necesaria de las políticas públicas bajo un régimen político democrático e incluyente, sin esta condición no es posible resolver hoy los problemas como la inseguridad, la corrupción y la crisis económica entre otros asuntos que demandan la ciudadanía de sus gobernantes.

Pero entre el poder público o gubernamental y la opinión pública existe un puente necesario que es el de los medios de comunicación y los periodistas, mas a un cuando los actos de los diferentes niveles de gobierno deben de estar en una urna de  cristal, incluyendo a la clase política, bajo el principio democrático del derecho a la información de la sociedad civil.

Como se sabe las relaciones entre el poder gubernamental o público durante años ha estado  llena de opacidad y complicidades  entre los dueños de los medios de comunicación y los periodistas por medio del famoso soborno conocido popularmente como el “chayote”, aunque un periodista ha dicho que hay “chayotes” grandes y pequeños según el tamaño del medio de comunicación, algo muy difícil de medir.

Para otros periodistas, no hay medio de comunicación pequeño ni grande, y más cuando estamos en un cambio de paradigma con la llegada  de las “benditas” redes sociales y que la información es casi instantánea, además que en todo el mundo se desarrolla el periodismo de investigación, de contenido y critico donde los márgenes de subordinación al poder político se reducen por la participación mayor de los ciudadanos en los asuntos públicos y gubernamentales, donde una sociedad se vuelve más crítica ante el desempeño gubernamental y de la clase política.

Sobran los ejemplos donde el trabajo de investigación periodístico como un reflejo de las demandas ciudadanas moldean, modifican y contribuyen a transformar el ejercicio del poder político y porque no decir del régimen político en una relación dialéctica entre la sociedad civil, los medios de comunicación, periodistas y el poder público.

Además los periodistas y medios de comunicación que en su política editorial alaban al poder  público incondicionalmente ven rápidamente pérdida  la credibilidad de la opinión pública.

Cabe apuntar que existen  líneas muy delgadas entre la información periodística, la política editorial de cualquier medio de  comunicación y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de los periodistas e informadores.

En un país marcado por la violencia, que ha cobrado la vida de muchos periodistas en los últimos años incluyendo al gobierno de la Cuarta Transformación y que por los organismos internacionales especializados en la materia, México es uno de los más peligrosos para ejercer el oficio del periodismo particularmente en el ámbito estatal y local, donde existen autoridades, gobernadores y presidentes municipales intolerantes al cuestionamiento y crítica periodística a su desempeño gubernamental.

A esto hay que agregar que el país está dominado por el crimen organizado en muchos territorios y que el derecho a la información particularmente sobre este tema, es una cuestión de vida o muerte para los medios de comunicación y los periodistas que han renunciado a investigar el tema y sobre todo las redes de complicidades entre el poder gubernamental y político en todos los niveles con el crimen organizado, dando lugar a la autocensura.

Aunque no es suficiente que el poder gubernamental informe de su actuación y sus campañas de sus políticas  públicas ante la ciudadanía porque falta el otro componente de la rendición de cuentas y la transparencia.

Pero es saludable en este caso en concreto por parte del gobierno de Silvano Aureoles de establecer una absoluta transparencia en la relación de su política de comunicación social y los medios de comunicación, en el entendido de que no busca promover su figura personal rumbo al proceso electoral del 2021, sino dar a conocer entre la población las acciones y programas de gobierno para fortalecer las diferentes políticas públicas llevadas a cabo por su administración.

También es  positivo, no dejar en manos de la burocracia de la Coordinación de Comunicación Social la discrecionalidad de cual o tal medio de comunicación o periodista es sujeto de un convenio de publicidad oficial.

Finalmente falta que se transparente periódicamente la lista de los convenios con su respectivo monto con los medios de comunicación como parte del ejercicio democrático de una relación transparente entre el gobierno de Silvano Aureoles y los medios de comunicación, así como periodistas; la última palabra la tiene por una parte Aureoles y por la otra la sociedad civil.