José María Carmona

El presidente López Obrador ha dejado de manifiesto su posición en contra de los organismos constitucionalmente autónomos, entre los cuales destacan el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

Todos estos organismos autónomos, con excepción del Banco de México, son víctimas de la política de austeridad republicana aplicada por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Pero, primero hay que decir que estos organismos son resultados de la transición democrática del país como producto de la movilización de las organizaciones de la sociedad civil durante los últimos treinta años en el país.

Son una conquista democrática y un contrapeso a los demás poderes del Estado mexicano, en particular al poder presidencial que hoy incomodan al presidente López Obrador.

Como se sabe, estas instituciones son parte del Estado mexicano y gozan de  autonomía constitucional al igual que las universidades públicas.

La función social y de estado de ellas consiste en medir, evaluar y analizar los indicadores y variables que van desde las económicas, financieras, sociales, ambientales y de seguridad publica entre otras.

Proporcionan, tanto al gobierno como a los sectores de la sociedad información valiosa para la toma de decisiones en todos estos ámbitos, también son un ingrediente indispensable para la formulación e implementación de las políticas públicas que son resultados de la interacción entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil.

Estos organismos constitucionalmente autónomos general certidumbre a los actores sociales y a los agentes económicos y financieros y orientan de manera fundamental,  en su caso las acciones de los gobiernos y la actividad legislativa.

Hoy, sin información es imposible la planeación del desarrollo del país, de las empresas y como ya se señalo de los actores sociales.

Durante el régimen político autoritario de partido único del PRI, se cuestiono la utilización de la información estadística generada por los poderes del Estado mexicano, pero fue la movilización ciudadana la que impuso la necesidad  de que la medición y la elaboración del análisis estadístico en el ámbito económico, financiero y social fuera realizado de manera imparcial, técnica y por los organismos constituidos por técnicos apegados a la imparcialidad en la interpretación de los resultados obtenidos en el desarrollo económico y social, así como la incidencia de la política gubernamental en dichos procesos.

En un artículo publicado por el portal Animal Político el pasado 18 de julio y firmado por Gonzalo Hernández Lícona, cuenta de cómo la “política de austeridad republicana” de la Cuarta Transformación esta apunto de liquidar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde el autor que es el secretario ejecutivo de CONEVAL, da cuenta de cómo los recortes presupuestarios a este organismo constitucionalmente autónomo, está a punto de su proceso de liquidación; el recorte presupuestal no solo afecta la reducción de salarios y prestaciones del personal operativo sino también la reducción en un 20 por ciento de su personal; de igual manera la reducción de 48 millones de pesos para realizar estudios e investigaciones y proyectos de evaluación propias de sus funciones que representan el 49 por ciento de la partida autorizada por la Cámara de Diputados.

Todos los ajustes al presupuesto de esta institución significan que prácticamente que en las próximas semanas deje de funcionar, además que va en contra de los derechos laborales de las personas especializadas que se han dedicado con empeño a generar producto del CONEVAL.

La reducción de 144 plazas representa el 69 por ciento del total del personal producto de los recortes al presupuesto.

Por ni un motivo es justificante los recortes a un organismo constitucionalmente autónomo como el CONEVAL que ha mostrado la radiografía del desarrollo de la pobreza en el país y el fracaso de la política social en tiempos del neoliberalismo.

Seguramente a López Obrador se molestara saber dentro de dos años cuando el CONEVAL va a dar a conocer los resultados del desarrollo de la pobreza en el país la eficacia y eficiencia de la política del “bienestar” del gobierno de la Cuarta Transformación. Además de esto AMLO prefiere utilizar el criterio discrecional que le genera decir: “yo tengo otros datos”.

Y prefiere con la “política de austeridad republicana” matar hoy al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ante que la evaluación de los especialistas repruebe la política del “bienestar” del gobierno de la Cuarta Transformación.

DE ÚLTIMO MINUTO.

Hernández Licona, fue destituido por López Obrador, después del artículo publicado en Animal Político, lo que se interpreta como un acto de consumación de lo antes dicho en esta colaboración; la secretaria del Bienestar María Luisa Albores, dio a conocer el nombramiento de José Nabor Cruz Marcelo, hombre de confianza del gobierno de la Cuarta Transformación y que seguramente le podrá maquillaje a las cifras de la pobreza en México, es decir a la medida del deseo presidencial.