José María Carmona

La propuesta de reformar por parte de López Obrador  la Ley de la Administración Pública Federal para descentralizar las funciones de todas las secretarias del gobierno federal, como se sabe pasara por el Congreso de la Unión y el presidente virtualmente electo también nombrara a un solo delegado que como ya se sabe tendrá las facultades para instrumentar todos los programas del gobierno federal en las entidades federativas, es decir será el equivalente en términos de poder político al que tienen los gobernadores o mucho más que eso, porque manejara el equivalente al 80 por ciento de los que le toca a cada entidad federativa del presupuesto de la federación, en el entendido que de acuerdo al pacto de coordinación fiscal, del cien por ciento del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, el 80 por ciento lo ejerce el gobierno federal, quince por ciento del gobierno estatal y el cinco por ciento los municipios a través de las participaciones federales.

Los delegados federales del gobierno AMLO manejaran un presupuesto mayor al que contaran los gobernadores, y además estos súper delegados serán los intermediarios directos entre los gobernadores y López Obrador, al mismo tiempo podrán convenir o no obra pública y programas de gobierno con los gobernadores, que para varios analistas el poder de los ejecutivos estatales pasara hacer una figura decorativa, en pocas palabras los súper delegados determinaran toda la política económica y social en los estados y municipios y tendrán el poder discrecional de tomar en cuenta a los gobernadores en este caso de oposición, porque con los gobernadores de Morena no habla ningún conflicto se supone.

Con esta decisión de López Obrador de cómo se va a establecer la relación entre el poder federal y el estatal tendrá fundamento legal al reformarse la administración pública federal y por lo tanto su ley.

Por otra parte la descentralización de la administración pública federal, enviando a las diferentes entidades federativas las diferentes secretarias federales y los órganos descentralizados  de acuerdo a las vocaciones productivas de los estados, en los hechos no significara propiamente la descentralización de las funciones, las cuales van a estar bajo control presidencial de manera vertical.

Pero según se calcula una movilización de dos millones y medio de burócratas al interior del país lo que implica la creación adicional de infraestructura, vivienda en las entidades federativas donde despacharan las secretarias del gobierno federal con todas sus implicaciones económicas y sociales.

Entre la burocracia federal existe una inquietud por el futuro laboral, las afectaciones familiares y sociales  que implica la descentralización de la administración pública federal, seguramente el próximo gobierno tendrá que enfrentar la resistencia de los sindicatos de la burocracia federal.

Además de esto, este proceso tendrá necesariamente un costo financiero para el gobierno de López  Obrador, porque estará obligado a financiar el traslado de los burócratas federales afectados de acuerdo a los contratos de trabajo o las condiciones generales de trabajo.

Así de esta manera, López Obrador tiene como se sabe, todo el poder político para llevar a cabo la reforma de la administración pública federal, porque contara con la mayoría necesaria en el Congreso de la Unión. Pero lo más importante es que esta reforma como instrumento para ejecutar el programa de gobierno sea transparente, eficaz y productivo para resolver los problemas estructurales del país, pero por otro lado la misma no otorga más poderes, ni facultades a los ejecutivos estatales y falta saber si no se modificara los aspectos esenciales en materia educativa y de salud que se han convertido en una lastimosa carga para las administraciones estatales y relaciones conflictivas entre estas y los trabajadores de la educación y  la salud. De esta manera se llevara la reforma de la administración pública federal.