José María Carmona

En un estudio hecho por la organización no gubernamental “México Evalúa” sobre el Ramo 23 del presupuesto de  Egresos de la Federación, da cuenta de manera de cómo el poder presidencial maneja casi la cuarta parte del presupuesto federal. Sin reglas de operación y que sirve para premiar o castigar a las entidades federativas como lo evidencio el gobernador de Chihuahua hace unas semanas Javier Corral.

Esta caja negra como la denomina el estudio antes citado ha beneficiado a los gobiernos priistas en tiempos electorales principalmente.

Entre los años 2009 y 2012, el Ramo 23 alcanzo un monto de 56 mil 922 millones de pesos, mientras que en el periodo de 2013 a 2017  su monto aumento a 318 mil 465 millones de pesos.

Este manejo discrecional por parte del presidente Peña Nieto ha tenido un sesgo político durante lo que va del sexenio, donde las entidades federativas que han tenido procesos electorales resultaron  más beneficiadas por la transferencia de recursos financieros, la que recibió más recursos   desde el 2013 a 2017 fue el Estado de México, con un promedio de forma anual de 8 mil 500 millones de pesos. El promedio nacional de transferencias por el Ramo 23 a las entidades federativas a nivel federal es de 2 mil millones de pesos.

Cabe destacar, el estado de Nuevo León durante 2014 y 2015 recibió 4 mil 599 millones de pesos y 4 mil 877 respectivamente; como se sabe en 2015 hubo proceso electoral donde gano Jaime Rodríguez candidato independiente.

El estudio antes citado se denomina “Arquitectura del Ramo 23” y se caracteriza esta partida presupuestaria por el sobrejercicio de los recursos, ya que la Cámara de Diputados aprueba un monto y los gastos son superiores, un ejemplo de ello es lo relacionado al gasto del traslado y viáticos que presento un sobrejercicio de 160 por ciento durante los primeros cinco años del gobierno Peñista equivalente a 21 mil millones de pesos durante el periodo. De igual manera se observo un comportamiento similar en  cuanto a la partida presupuestarias de aguinaldo o gratificación de fin de año donde en el periodo 2013-2017 fue de 26 y 109 por ciento respectivamente. El sobrejercicio total de estas dos partidas fue de 64 mil millones de pesos para el mismo periodo.

Al Ramo 23 se le conoce también como las provisiones salariales que es un instrumento de política presupuestaria para atender obligaciones del Gobierno Federal y que tienen uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

En este estudio también se señala que más del 80 por ciento del sobrejercicio se canalizo a entidades federativas y municipios mediante transferencias directas, estos programas son: Fondos para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.

Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la Secretaria de Hacienda; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, lo que significa que esta secretaria  decide a quien otorgarle los recursos, por qué, cuánto y cuándo.

Lo aprobado por el Congreso en  2015,  alcanzo un monto de 4 mil 500 millones de pesos y lo sobrejercido alcanzo un monto de 80 mil millones de pesos; este año se realizaron varios procesos electorales en diferentes entidades federativas.

Cabe señalar que las trasferencias estatales aumentó exponencialmente comparando a lo ejercido por el gobierno de Felipe Calderón cuando en promedio fueron de 400 millones de pesos de acuerdo al partido que gobernaba, para llegar a un promedio de 2 mil millones de pesos, lo que significa que tanto las entidades federativas gobernadas por el PAN y el PRD resultaron beneficiadas por las transferencias del Ramo 23 y también las del PRI en 2017.

Así de esta forma, el Ramo 23 del presupuesto de ingresos de la federación resulta la “caja negra” del poder presidencial para premiar o castigar a gobernadores, también es un instrumento  para la operación política del PRI en los procesos electorales sin el menor recato, pero ante todo este recurso equivale a la cuarta parte del presupuesto federal esta manejado con absoluta opacidad con el poder discrecional presidencial de Peña Nieto.