José María Carmona

Nadie niega que el país está en crisis, política, económica y social; que el gobierno de Peña Nieto tiene el repudio de la mayoría de la población, que la clase política y sus partidos no despiertan el entusiasmo entre el electorado y que los mismos ante el descontento popular son cimbrados en sus estructuras internas que tienen una vida antidemocrática, donde las cúpulas partidarias deciden por la militancia.

Los indicadores económicos y financieros del país son desfavorables y no repercuten en el mejoramiento de los niveles de vida de la mayoría de la población, a pesar de que según las cifras oficiales la pobreza ha disminuido, pero la desigualdad es profundamente regresiva; hoy la mayoría de la población vive con un ingreso entre dos a tres salarios mínimos que equivale a nomas de 4 mil pesos mensuales para un hogar de cuatro miembros en promedio.

Es evidente que hoy la mayoría de la población esta empobrecida o en una situación vulnerable a punto de caer en pobreza.

Por las anteriores consideraciones se hacen las siguientes hipótesis políticas:

I.- El régimen político fundado en el sistema de partidos se encuentra en una profunda crisis como producto del descontento y hartazgo social en contra de la clase política, el régimen presidencial agotado y la partidocracia por sus escándalos de corrupción, su colusión donde el crimen organizado.

II.- Por la inseguridad pública de la cual la mayoría de los ciudadanos son víctimas de la impunidad y la falta de un estado de derecho, donde las instituciones de todos los niveles de gobierno son incapaces de satisfacer las demandas sociales o ciudadanas.

III.- Que el combate al crimen organizado por medio de la utilización del ejército y la marina ha resultado un fracaso y que la milicia en este proceso viola sistemáticamente los derechos humanos de la población, con lo que la misma no solo se encuentra empobrecida por la política económica y la ineficacia de la sociedad, si no también violentada y vulnerable.

IV.- Que ante lo anterior, y el aumento de la violencia y la inseguridad, la sociedad civil ante el estado fallido a tomado la decisión de autodefenderse, teniendo la experiencia de las autodefensas de Michoacán y las policías comunitarias de Guerrero, a si como de otras formas, de esta manera en colonias y barrios populares los vecinos de organización para defenderse no solamente de la delincuencia sino de los mismos cuerpos policiacos o la milicia.

V.- En este sentido la crisis social y política se viene a profundizar con los pasados sismos y los daños dejados a amplios sectores de la sociedad civil en las zonas de desastres, donde el gobierno fue superado por la insurgencia ciudadana para auxiliar, rescatar y salvar vidas humanas y animales ante la incompetencia de los niveles de gobierno.

VI.- La magnitud de los daños por los sismos y la afectación a la población civil es de gran magnitud que el gobierno de Peña Nieto no tiene la respuesta y lo único que le importa es comenzar los trabajos de la reconstrucción donde los damnificados paguen su costo mediante nuevos créditos hipotecarios.

VII.- Los costos de la reconstrucción a cargo de la población civil afectadas no deben de ser pagados que equivales a 40 mil millones de pesos, monto similar a lo que Peña Nieto se ha gastado en publicidad gubernamental para promover su imagen y su supuesta obra de gobierno, algo indignante para la mayoría del pueblo trabajador.

VIII.- A pesar de la gravedad de la emergencia nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos, no obstante de haber sido presionados por las organizaciones ciudadanas para que donaran el monto de sus prerrogativas y en un primer momento accedieron sin concretarse a ello, hoy pretenden llevar a cabo el proceso electoral del 2018 bajo el repudio popular donde derrocharan casi 35 mil millones de pesos; por lo que  se impone la demanda de suspender la elección del 2018.

IX.-  El régimen político está en una profunda crisis, donde los partidos políticos están estructuralmente afectados por la misma, los sismos cambiaron la situación política del país, y hoy existe una nueva realidad que ponen al gobierno peñista, a los partidos políticos y a la misma clase política contra la pared; es por ello, que pretende reformar el régimen político presidencial por uno de coalición o semi parlamentario para reconstruir el régimen de dominación de dominación y poder seguir aplicando la política neoliberal que ha dejado hambre y miseria para el pueblo trabajador.

X.- Ante la emergencia nacional por los sismos, la insurgencia de la sociedad civil compuesta principalmente por el pueblo trabajador a demostrado su capacidad para auto organizarse de forma independiente al gobierno y los partidos políticos, esta experiencia es un activo invaluable que se debe de tomar en cuenta para los trabajos de reconstrucción como fue en 1985. Ahora se cuentan con las tecnologías de la información y la comunicación, formándose organizaciones civiles horizontales por lo que los gobiernos ineptos y los partidos políticos corruptos no son necesarios para la reconstrucción nacional, es por ello que el pueblo damnificado no lo necesita.

XI.- El desastre dejo al desnudo  la corrupción entre los gobiernos de todos los partidos políticos y las compañías inmobiliarias que violaron sistemáticamente los reglamentos de construcción e hicieron prácticas especulativas, defraudando a miles de damnificados junto con las aseguradoras que ahora se niegan a pagar las consecuencias de la perdida de los patrimonios, por lo cual se debe de exigir  la entrega de todos los donativos y el Fonden a un consejo ciudadano para que se apliquen con transparencia ante los ojos de los afectados los 37 mil millones de pesos que costara la reconstrucción y con ello no dejar en las manos de los gobiernos los recursos millonarios para evitar la corrupción y el uso electoral.

Por todo lo anterior esta tesis políticas sobre la situación nacional tienen como propósito poner como primer punto de la orden del día la reconstrucción y posponer el proceso electoral del 2018, ante poniendo los intereses del pueblo trabajador afectado por el desastre y no confiar en ningún momento en el gobierno peñista, los partidos políticos y la clase política. Ni un peso del pueblo en manos del gobierno para la reconstrucción nacional.