José María Carmona
Después de unos días, es necesario comenzar el balance de los sismos, tanto en el aspecto social, gubernamental, financiero y político de la realidad nacional y la nueva coyuntura del país.
Este acontecimiento de la naturaleza hizo caer varios aspectos, el primero, la emergencia de la sociedad civil de forma espontanea que dio una respuesta inmediata a las necesidades de la gravedad por la que atraviesan miles de damnificados, superando con mucho la capacidad de respuesta de los diversos niveles de gobierno y las instituciones públicas legítimamente establecidas.
Ante la insurgencia de la sociedad civil para auxiliar y rescatar a personas el gobierno de la republica y particularmente la secretaría de Gobernación reacciono tardíamente horas después y con una estrategia política equivocada, particularmente en la Ciudad de México, sacando a los soldados y marinos para acordonar las zonas del desastre entorpeciendo la labor de los rescatistas y voluntarios, incluso hubo fricciones entre los voluntarios y la milicia.
Por otra parte, la estrategia del gobierno de Peña Nieto, a pesar de que se devolvió de Oaxaca una vez que fue informado, fue hasta altas horas de la noche del día 19 de septiembre que se presento en una de las zonas del desastre para tomarse la foto. Pero la respuesta gubernamental para rescatar a las víctimas fue muy deficiente y no supieron soldados y marinos como enfrentar la emergencia para el rescate, fueron los voluntarios que quienes se auto organizaron espontáneamente para abastecer a los que intervenían en retirar cuidadosamente los pedazos de concreto, las varillas retorcidas y soportar la tierra que se convertía en polvo; la tarea ha sido artesanal, mientras que el gobierno peñista quería limpiar con maquinaria pesada los escombros, a lo cual la sociedad civil se opone, la finalidad de esto es minimizar al máximo los efectos del sismo ante la comunidad financiera internacional y que el desastre estaba bajo control.
Al paso de los días, temerosamente los dirigentes de los diversos partidos fueron marcando una postura, pero el repudio ciudadano no se hizo esperar, naciendo la iniciativa de que entregaran sus cuantiosas prerrogativas que derrocharan en el proceso electoral del 2018 que ya comenzó, primero salió el políticamente senil López Obrador a declarar que su Morena donaría el 20 por ciento de los que le tocaba, pero que no se lo entregaría a Hacienda y nombro un comité “ciudadano” para que se hiciera cargo de que la ayuda llegara a los damnificados; posteriormente lo hizo Enrique Ochoa dirigente del PRI para decir que su partido renunciaba a las prerrogativas por lo que falta del año y los políticamente enamorados del Frente Amplio Democrático se vieron obligados ante la presión social a la demanda de donar parte de las prerrogativas, pero al final de cuentas hasta ahora son puras palabrerías.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien al principio no acepto la iniciativa de la donación, finalmente se vio obligado a declarar que había mecanismos para ejecutar la donación por parte de los partidos políticos sin que hubiera una violación a la Constitución y las leyes secundarias.
A pesar de que Enrique Ochoa, propone una reforma constitucional para eliminar el financiamiento público a los partidos y los diputados y senadores plurinominales, esto ha abierto otra arista de la crisis, hoy reconocen abiertamente los partidos políticos que en materia de financiamiento privado a sus campañas electorales pueden o ya están penetrados por el crimen organizado, pero este asunto es objeto de otro análisis.
Hoy se sabe, de forma preliminar a través de una encuesta que levanto el INEGI de que por lo menos cuatro de cada diez establecimientos o unidades económicas han sufrido pérdidas de los estados afectados por los sismos; que según el gobierno de Peña Nieto la reconstrucción costara 37 mil millones de pesos, que el costo financiero impactara en el nivel de precios particularmente en los artículos de primera necesidad y aunque se ha acordado con la cámara de la construcción un paquete de adquisición de materiales para la reconstrucción y evitar la especulación, tendrá efectos sobre los precios de esos materiales.
Por otro lado, instituciones bancarias, fundaciones y otras organizaciones disque de la sociedad civil promueven las donaciones monetarias por parte de los ciudadanos y para ello ofrecen donar una cantidad monetaria adicional por cada peso, pero hay que decir que toda esa cantidad que entra al circuito bancario o financiero que seguramente serán millones de pesos, automáticamente son invertidas por 24 horas en el mercado de acciones y bonos gubernamentales donde obtienen cuantiosas ganancias en beneficios de los caballeros filantrópicos aumentando sus cuantiosos capitales por lo que resulta un negocio redondo por no decir una “estafa nacional”.
El resultado preliminar de los sismos es que ha dejado con daños estructurales al régimen político de sistema de partidos, al gobierno de Peña Nieto –que por cierto le entregara a los magnates de la industria de la construcción, la reconstrucción de viviendas-, los gobernadores locales, mientras que la sociedad civil y en particular el pueblo trabajador, a puesto su energía y sacrificios en las labores de rescate, con solidaridad humana, mientras que ningún político aterrorizado por el repudio popular sea atrevido a levantar el pico y la pala remangándose la camisa comenzando por Peña Nieto.
