José María Carmona

El presidente Enrique Peña Nieto cometió otra grave pifia al pronunciarse en relación al escándalo del espionaje a periodistas y activistas tanto de derechos humanos como sociales, al afirmar que de no comprobar que el gobierno los espió serian investigados por la Procuraduría General de la Republica.

Más tarde rectifico el error cometido pero fue demasiado tarde, cuando en las redes sociales los periodistas se manifestaron que fueron espiados, repudiaron la declaración presidencial y algunos de ellos de la Ciudad de México se fueron a entregar a la PGR gritando: somos delincuentes y aquí estamos para que nos encarcelen por orden de Peña Nieto.

Pero la publicación del periódico estadunidense The New York   se convirtió en un escándalo internacional poniendo al gobierno mexicano contra la pared y provocando una ruptura entre los principales periodistas que se sienten víctimas del espionaje del gobierno Peñista, aunque el periódico antes citado no es contundente en sus afirmaciones.

Como se sabe inicialmente fue emitido un supuesto comunicado de prensa al periódico estadunidense sin la formalidad oficial necesaria desmintiendo el contenido del reportaje publicado y dos días después el presidente cometió la pifia al decir que se iba a investigar a los periodistas que no comprobaran sus dichos.

Pero al fin de cuentas, el presidente de facto lanzo las acusaciones contra todos los periodistas en su conjunto que han afirmado a ver sido víctimas de espionaje; pero el hecho objetivo es que el programa de  software que penetro en los teléfonos inteligentes  si fue adquirido por la Defensa Nacional, la PGR y CISEN, para utilizarlo en el combate del crimen organizado y para la seguridad nacional según versiones oficiales.

Pero existen evidencias de que los activistas defensores de derechos humanos y periodistas les intervinieron sus comunicaciones personales y fueron seguidos en sus movimientos.

Así de estar forma este nuevo escándalo del gobierno Peñista lo somete a profundizar su crisis de gobernabilidad, la mayoría de la población no cree la versión oficial, y para la mayoría de los mexicanos es un secreto a voces que en este país a los disidentes al gobierno y al régimen político son objetos de espionaje y para prueba están los normalistas de Ayotzinapa y la famosa verdad “histórica”.

El espionaje a periodistas y activistas sociales es una constante practicar del gobierno mexicano y que vienen del régimen autoritario de  partido único del PRI y amplios  sectores sociales de tendencias  conservadoras lo apoyan.

Ahora los periodistas incómodos al gobierno, al régimen y al mismo estado son considerados por el gobierno de Peña Nieto como una amenaza a la seguridad nacional.

  También se puede mal pensar que muchos desaparecidos que existen en el país han sido espiados por las instituciones de inteligencia del estado mexicano, aunque es tan solo una hipótesis que se maneja entre los familiares de los desaparecidos en este país y los activistas tanto sociales como defensores de los derechos humanos.

Por ahora, los periodistas han sido imputados de delincuentes por la palabra presidencial, violando el nuevo sistema de justicia  penal  que considera que toda persona sujeta a proceso penal es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

El presidente Peña ha cometido un grave error que incluso se puede considerar como una violación a la propia Constitución del país, pero  siempre  la impunidad es el denominador   común más aun cuando viene del ejercicio de gobierno presidencial.

Aquí pues, los periodistas victimas del espionaje pasaron a convertirse en presuntos  delincuentes por una pifia presidencial intencional que ya se considera como una manifestación desesperada de Peña Nieto ante el repudio de la mayoría de los mexicanos a su gobierno.