José María Carmona

Le estalló un nuevo escándalo al gobierno de Peña Nieto si fuera poco ahora el periódico estadunidense The New York Times público un extenso artículo donde detalla la forma en que el gobierno mexicano supuestamente expía a los defensores de derechos humanos como periodistas influyentes en  la vida pública del país.

De esta manera los periodistas Carmen Aristegui Y Carlos Loret como ya se dieron a conocer a trabes de las crónicas periodísticas la forma en que mediante un programa de computo eran expirados no solamente ellos si no sus familiares.

También existen evidencias que el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante de los normalistas desaparecidos  de Ayotzinapa también fue espiado.

Entre los que supuestamente fueron víctimas de espionaje esta el director del Instituto Mexicano  de la Competitividad (ICOM)  Juan Pardinas por su participación en la lucha anti corrupción.

Como ya se menciono  el programa adquirido por el gobierno mexicano al gobierno de Israel fue utilizado para mediante un mensaje de texto que penetrara a los teléfonos inteligentes y poder obtener toda la información de los movimientos de los personajes espiados.

Mediante un mecanismo cibernético, se puede dar seguimiento puntual de todos los movimientos lo que resulta una violación a la privacidad y a la protección de los datos personales que únicamente mediante mandato judicial a través de un juez se puede intervenir alguna línea telefónica en términos legales.

Para muchos opositores al gobierno y al sistema, el espionaje es un asunto cotidiano por parte del Centro  de Inteligencia para la Seguridad Nacional. En pocas palabras el espionaje es un asunto muy añejo del gobierno mexicano, basta recordar a la Dirección Federal de Seguridad Nacional en tiempos de “la guerra sucia”, donde se realizaban detenciones, se desaparecían y asesinaban a los opositores del régimen priista.

Lo condenable ahora no solo para el gobierno de Peña Nieto sino también para el estado mexicano es que se utilizan recursos públicos para eliminar a los periodistas y activistas que defienden los derechos humanos en un contexto en que se han asesinado a varios periodistas y el gobierno priista se niega a llevar a cabo la reforma anticorrupción y en medio del proceso poselectoral impugnado por la oposición.

Como ya se dijo el espionaje a las personas esta prohibido por parte del gobierno o del estado mexicano, sin embargo esto no es suficiente dentro de un régimen de democracia formal como el mexicano.

De esta  manera el gobierno mexicano ante el escándalo internacional tan solo ha respondido al periódico estadunidense The New York Times  y no hay pruebas que las agencias gubernamentales hayan realizado espionaje y que los involucrados deben de presentar las pruebas ante la Procuraduría General de la Republica para las investigaciones correspondientes lo que resulta algo infame.

Ahora al gobierno de Peña Nieto y a las instituciones de inteligencia del estado mexicano  están obligadas a rendir cuentas y a transparentar ante los afectados y la sociedad cuanto y en que se gastan el presupuesto sobre la seguridad nacional y si  cuenta con el programa que supuestamente fue utilizado para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Pero lo más grave del asunto, es del gobierno Peñista es incapaz de utilizar el recurso de inteligencia con el  que cuenta para detener a los  ex gobernadores corruptos y  a los capos del crimen organizado y poder demostrar que no está coludido con él a través de los organismos de inteligencia para la supuesta seguridad nacional.

Por todos los ángulos que se vean, este nuevo escándalo debe ser condenado por las fuerzas democráticas del país, mientras se asesinan periodistas y luchadores sociales, la impunidad es del cien por ciento, mientras el país está hundido en el fango de la corrupción y los aspirantes a la presidencia mal gastan millones de pesos, en tanto la inseguridad va en asenso. Peña Nieto está obligado a rendir cuentas sobre la política de seguridad nacional mientras hay que condenar el espionaje en todos sus aspectos por la salud de la vida democrática del país.