José María Carmona
La situación en que se encuentra el trabajo periodístico en el país es de alto riesgo, el gremio en menos de una semana ha salido a manifestarse exigiendo las garantías necesarias para los trabajadores de los medios de comunicación.
En Michoacán la presentación del periodista Salvador Adame, desaparecido hace más de ocho días, donde las autoridades no han informado de los avances de la investigación.
Si bien es cierto, que el gobernador ha reconocido la gravedad del asunto, solo se ha concretado a ofrecer apoyos a los trabajadores de la comunicación y posibles protocolos de seguridad, pero nada definitivo.
La verdad de las cosas es que si los periodistas no empezamos a discutir el problema y participamos activamente, nuestro oficio se seguirá manchando de sangre y habrá vacíos por los periodistas desaparecidos, que en Michoacán desde el 2006 alcanza el número de diez, cinco de ellos desaparecidos y los otros asesinados.
De esta manera en el país, en lo que va del gobierno de Peña Nieto los periodistas desaparecidos o asesinados son 107 y solo en el uno por ciento de los casos se ha hecho justicia.
De esta manera la impunidad es el dominador común de la impartición de justicia en el país para los periodistas.
Un verdadero problema tiene que enfrentar el gobierno de Peña Nieto y los gobernadores del país para garantizar el trabajo periodístico y que la prensa no se siga manchando de sangre y se hagan vacíos por las ausencias inciertas de los periodistas desaparecidos.
Los presuntos responsables de las agresiones contra los periodistas no solo se concreta al crimen organizado, también están implicados los funcionarios de todos los niveles de gobierno, además que están coludidos con el crimen organizado en muchos casos.
Por otra parte no es un secreto que una buena parte de las agresiones en contra de los periodistas son hechas por los cuerpos policiacos y el ejército.
Pero las agresiones no se concretan a asesinatos y desapariciones, sino también a la desaparición de los medios de comunicación, a condicionar los contratos de publicidad oficial o sugerir los contenidos editoriales de los informativos, periódicos y revistas por los funcionarios de las diversas coordinaciones de comunicación social.
Por lo tanto debe de haber transparencia en los convenios de publicidad oficial y tampoco se pueden ni se deben imponer los montos monetarios al precio de los espacios para la publicidad oficial.
La publicidad oficial no debe de estar sujeta a las “buenas” relaciones entre los periodistas y los diferentes funcionarios de todos los niveles de gobierno.
La publicidad oficial es todo un tema más en el país y en particular al nivel de los gobiernos estatales y municipales.
Otro asunto relacionado con el trabajo periodístico es el derecho a la libertad de expresión y de información que tiene el público para saber de las acciones u omisiones de los diferentes niveles de gobierno, así como la transparencia y el derecho acceso a la información pública y gubernamental como una parte importante del quehacer periodístico y el derecho de los ciudadanos a la información.
Todo lo anterior está relacionado con otro tema que es el gobierno abierto, donde la sociedad civil pregunta y los diversos niveles de gobierno están obligados a contestar.
Todo lo anterior es un conjunto de problemas a resolver para que el periodismo particularmente el escrito, aquel crítico no se siga escribiendo con tinta de sangre como hasta hoy sucede en el país y Michoacán.
