José María Carmona

Por lo menos tres versiones sobre los hechos de Arantepacua, la primera versión es que los cuerpos policiacos arribaron a la comunidad para rescatar los vehículos detenidos como una medida de presión ante el conflicto con la comunidad de Capacuaro, esta versión con parte de los comuneros es que los cuerpos policiacos arribaron abriendo fuego contra la población civil ante la resistencia por el bloqueo que se mantenía.

Una segunda versión es que los comuneros los recibieron con piedras y machetes y que empezaron a disparar contra los cuerpos policiacos que llevaban a cabo el operativo de desalojo.

La tercera versión es según el gobernador Silvano Aureoles que de acuerdo a información de inteligencia fue un grupo del crimen organizado comandado por un sujeto llamado Beny quien ordeno recibir a los cuerpos policiacos abriendo fuego.

El propio gobernador afirma categóricamente que el crimen organizado en la Meseta Purépecha es el que manipula a las comunidades indígenas para que lleven a cabo todo tipo de presiones entre las cuales se encuentra el bloque a las carreteras.

Esta versión del gobernador la que seguramente está documentada con base a la subsecretaria de gobernación y las unidades de inteligencia tanto estatal como federal son elementos suficientes para que desde hace mucho tiempo el gobierno de Michoacán hubiera instrumentado las medidas necesarias para prevenir los conflictos y detener a los grupos del crimen organizado que operan en la región.

Pero lo cierto es, que cuatro personas perdieron la vida en este enfrenamiento entre los cuerpos policiacos estatales y los comuneros de Arantepacua, lo que resulta demasiado grave porque ante la opinión pública estatal y nacional el gobierno de Michoacán es responsable directo del operativo policiaco.

Por otra parte ante la gravedad del asunto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estatal abrieron una línea de investigación para conocer lo que realmente sucedió y quiénes son los responsables materiales e intelectuales tanto del enfrentamiento como de las cuatro personas fallecidas.

Este acontecimiento por lo pronto, golpea duramente al gobernados Silvano Aureoles en sus aspiraciones políticas por ser el candidato del PRD a la presidencia de la republica.

Por otro lado, mucho ha significado el apoyo solidario tanto del magisterio michoacano como de las diferentes organizaciones sociales y políticas para llegara a esclarecer los acontecimientos, pero sin embargo estas organizaciones no aceptan con razón suficiente las versiones gubernamentales de lo sucedido, para ellos constituye un crimen de Estado y están demandando la intervención de organismos internacionales para que se llegue a la verdad de los hechos.

 No solo por el bien de Michoacán, sino del propio gobernador Silvano Aureoles los sucedido en la comunidad de Arantepacua se tiene que esclarecer y hacer justicia hasta las últimas consecuencias; de lo contrario el propio gobierno silvanista quedara bajo sospecha y la muerte de los cuatro comuneros quedara en la impunidad absoluta.

Además de esto hoy Silvano Aureoles de acuerdo a su versión tiene la obligación aprobar sus dichos y asumir la responsabilidad que le llegue a tocar, entre los cuales estarían que se violaron los protocolos para llevar a cabo el operativo por parte de los cuerpos policiacos.

Por su parte es necesario de la comunidad de Arantepacua obtenga mediadas cautelares por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para algunos analistas, no acaban de comprender la concepción del mundo indígena, que tienen derecho a los usos y costumbres de acuerdo a su idiosincrasia y que el derecho formal les es ajeno. Para ello la defensa de su territorio, sus recursos naturales y sus costumbres son la esencia de su vida comunal la cual durante más de 500 años se ha pretendido borrar, es decir desaparecer la vida comunitaria indígena ante la modernidad, el progreso y el desarrollo, es por ello que la defensa de sus derechos sino es respetada por las instituciones del Estado mexicano, les asiste el derecho a la resistencia conjuntamente con la solidaridad legitima de las organizaciones sindicales y sociales del país. Es por ello que en el caso de Arantepacua es necesario llegar a toda la verdad, pero no como dijo el clásico a la histórica.