José María Carmona

De nueva cuenta se ha abierto el debate sobre la Ley de Seguridad Interior que pretende regular la actividad del ejercito en las calles en su combate contra el crimen organizado, este debate se está llevando a cabo no únicamente al interior de los miembros del Senado sino que también se ha consultado a los gobernadores donde el índice delictivo es más alto y que en este año ha aumentado de unas estadísticas oficiales a 24 ejecutados por cada 10 mil habitantes.

Después de 10 años desde que el ex presidente Felipe Calderón le declaro la guerra contra el narco para sacar a los militares a las calles y después de facto del inicio se ha desarrollo la militarización del país.

Esta estrategia fallida está subordinada a los interés del gobierno norteamericano como una medida de seguridad nacional mediante el plan Mérida que tiene como propósito evitar la salida de capitales de los Estados Unidos por el concepto de venta de droga que equivale a un monto de 50 mil millones de dólares anuales que son lavados en la economía mexicana; esta es la verdadera razón por lo cual los militares están  hoy en la calle y no el combate al tráfico de drogas, que ahora se pretende legalizar su actuación.

Como se sabe el saldo de esta estrategia fallida es de más 30 mil desaparecidos y más de 120 mil muertos, además que para algunos especialistas la estrategia fue descabezar a las bandas del crimen organizado lo que causo el “efecto cucaracha”, y hoy operan más de 208 bandas criminales en el territorio del país, y en los primeros meses del año el índice de violencia se ha dispara según las cifras oficiales en todo el país.  

Así de esta manera, los narcotraficantes siguen operando y diversificado sus actividades delictivas a través de la industria del secuestro y la extorción sin control alguno en colusión con algunos gobiernos estatales y municipales y los cuerpos policiacos.

Paralelamente a esto los grupos de autodefensa en Michoacán y las policías comunitarias en Guerrero que resultaron efectivas para combatir al crimen organizado, a pesar que los primeros fueron derrotados por el gobierno de Peña Nieto.

A partir de las declaraciones en el mes de diciembre del secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, en el sentido de que está de acuerdo en que el ejército vuelva a los cuarteles o se les dote de un marco jurídico de actuación para continuar sus tareas de seguridad interior en las calles. Estas declaraciones cimbraron al sistema político mexicano porque ponen de manifiesto que el ejército está fatigado en una tarea que le corresponde a las corruptas y coludidas policías locales, además de la desconfianza que tiene la población contra la milicia por los casos de violación a los derechos humanos entre los cuales se encuentra Tlatlaya, Tanhuato y Ayotzinapa que ha deteriorado gravemente a una institución que hace algunos años era respetada por la mayoría de la población.

La polémica aumento de tono, cuando López Obrador dijo en New York cuando le contesto a uno de los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa que les preguntaran a los militares que eran los responsables de tal hecho y después agrego en otro evento político que los militares violaban los derechos humanos.

A lo que el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong respondió enérgicamente que no se iba a permitir que se dañaran las instituciones del país particularmente al ejército.

Pero el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez salió a enmendarle la plana a Osorio Chong, diciendo que si bien son ciertas las quejas de violación a los derechos humanos por parte del ejército han disminuido, y que las que existen han sido aceptadas lo que se espera es que se cumplan.

Ante este hecho, la mayoría de la clase política que por cierto en muchos casos está vinculada con el crimen organizado  está aterrorizada solo de pensar que los militares vuelvan a sus cuarteles incluyendo a las cúpulas empresariales aunque siga corriendo la sangre por el país y aumente las víctimas.

Ante esta situación hoy, se le están demandando a la Cámara de Senadores que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, con la participación de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, que argumentan que dicha ley tiene el propósito de militarizar al país como una medida de control y represión a los movimientos sociales y con ello de facto la suspensión de las garantías individuales en amplias regiones del país.

La solución no está ahí mientras no se legalicen todas las drogas para que pueda disminuir el poder patrimonial del crimen organizado, la violencia y muerte seguirá corriendo a lo largo y ancho de México, es por ello que la mencionada ley es antidemocrática y vulnera los derechos humanos y las garantías individuales,  por lo tanto se debe de estar en contra de la legalización de la militarización como alternativa al combate al narcotráfico; mientras tanto la violencia continuara.