Eduardo R. Huchim

El Instituto Nacional Electoral ha entrado en una nueva crisis, ahora por la confrontación entre consejeros. Es costosa en imagen y confianza y se identifica con la primera acepción de la palabra crisis: Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Ciertamente, el INE está enfermo y de su Consejo General -en el cual hay personas valiosas, pero sólo dos o tres con derecho a voto- dependerá si su situación mejora, o se agrava y el colegiado entra en fase terminal.

El INE nació enfermo como producto de negociaciones entre cúpulas de partidos que -quizá con alguna excepción- no pensaron en llevar al Consejo General a las mujeres y hombres más idóneos en términos de ética, imparcialidad, aptitud y conocimientos, sino a quienes supusieron que responderían mejor a sus intereses. Por eso están ahí hombres y mujeres que, en su mayoría, se doblegan ante el poder; que no entienden de imparcialidad, aunque su retórica la incluya; que menosprecian no sólo a los indígenas sino a todo ciudadano ajeno a la clase política; que poseen un ego de dimensiones catedralicias y pretensiones de infalibilidad; que tienen una ética flexible y acusan de misoginia a quienes los critican por tener a familiares en la nómina de otro consejero o dirección ejecutiva; que son, varios, inexpertos en la materia pero leales a su líder.

Como resultado de esa integración, un partido político, el PRI, tiene capturado al INE. Por eso y por su pusilanimidad, los consejeros le dan largas a la demanda -de ciudadanos y partidos- de retirarle el registro al Partido Verde, cuyas violaciones a la Constitución y a las leyes no pudieron frenar y, tragándose su arrogancia, hubieron de ver cómo la ilegal propaganda verde se burlaba de ellos una y cien veces, incluso en plena jornada comicial. Suponen que con asestar multas y más multas que luego el Tribunal Electoral frecuentemente reduce es suficiente.

Desvergonzados y tramposos llamó el consejero Roberto Ruiz Saldaña a sus compañeros en la sesión del INE del 17 de junio. ¿Qué fue lo que pasó? Dicho sintéticamente, al integrarse en 2014 las comisiones del Consejo General, los consejeros acordaron -con la sola discrepancia de Pamela San Martín- que en 2015 se renovaría la totalidad de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales electorales OPLEs y no sólo la presidencia como ocurriría con las demás. Como la ley establece que la integración de estas es por tres años, se acordó que los miembros originales de la Comisión de OPLEs renunciarían para permitir la reestructuración anticipada. Al llegar el momento de la renovación, en junio de 2015, el acuerdo no se honró y eso produjo la inconformidad de Ruiz Saldaña.

Más allá de la violación a un acuerdo informal, lo más grave del episodio fue la denuncia de Ruiz respecto al grupo que tiene capturado al INE, algo que ya se había dicho meses atrás en este espacio Reforma, 14/01/15 y y 19/02/15. El consejero Ruiz lo llamó grupo político de consejeros y consejeras electorales que determinan las decisiones de varios órganos colegiados y con ello la vida institucional del INE.

Aunque no mencionó que ese grupo está al servicio del PRI, Ruiz Saldaña sí le puso nombre y apellido a su principal operador, el consejero Marco Baños, quien ejerce funciones meta reglamentarias y meta legales en este Instituto. Y concluyó con una pertinente pregunta: ¿desean los partidos políticos ir al 2018 en esas condiciones, o sea -digo yo- con un órgano capturado por el partido en el poder, dúctil ante el Ejecutivo e incapaz de ejercer todas sus atribuciones? ¿Puede garantizar imparcialidad un órgano que no se atreve a actuar eficazmente contra un partido que viola Constitución y leyes y se burla ostensiblemente de él?

Yo añadiría otras preguntas: ¿Están los partidos dispuestos a llegar a 2018 con un Tribunal Electoral dominado también por el PRI y que tutela descaradamente los excesos del Partido Verde? ¿Deben permanecer impasibles la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión ante un órgano jurisdiccional que erosiona severamente el prestigio del Poder Judicial de la Federación?

Mientras las instancias del Estado permiten y cobijan hechos anómalos, la sociedad civil actúa. En la plataforma change.org, Incide Social -asociación animada por la incansable Clara Jusidman- ha pedido a consejeros del INE y sus OPLEs, a magistrados federales y estatales su 3 de 3: que hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.