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Arturo Balderas Rodríguez

Es interminable la secuencia de investigaciones y demandas mediante las que se ha intentado juzgar al ex presidente Donald Trump por su ya larga y sistemática violación de las normas jurídicas al sistema federal, y también al estatal, de Estados Unidos. A esos intentos por reunir los elementos necesarios para efectuar un juicio del que no pueda salir absuelto, Trump ha interpuesto una serie de amparos y contrademandas que en el laberíntico sistema jurídico de su país evitan que los supuestos delincuentes pisen la cárcel. El precepto de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario es una garantía de que la justicia debe aplicarse de manera justa y sin cortapisas a cualquiera; sin embargo, el problema de la equidad en la práctica deja mucho que desear. Quienes, como en el caso de Trump, disponen de los recursos necesarios para contratar a los abogados capaces de circunvalar la justicia, por medio de los múltiples recursos que el propio sistema legal ofrece, muy pocas veces pisarán una cárcel. Ese parece ser el caso del ex presidente.

En este sentido, el ansiado juicio a Trump ha dado un salto cualitativo y se ha convertido en un asunto eminentemente político que amenaza con minar las bases de la democracia en Estados Unidos, empezando por las de los partidos políticos. No es otra cosa lo que sucede dentro del Partido Republicano, cuyas desavenencias, en última instancia, podrían costarle recuperar la mayoría en alguna de las dos cámaras legislativas. Es así que llegó la hora de señalar culpables de la división que en el interior de ese partido se ha formado. Algunos de los principales líderes republicanos han empezado a señalar a sus propios compañeros como los responsables de dicha división, así como del costo que puede tener en el futuro inmediato. Los señalamientos han llegado al nivel más alto de su estructura. Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado y por extensión del Partido Republicano, ha esbozado la posibilidad de que algunos de sus candidatos sean derrotados en las próximas elecciones por la pésima selección que hicieran en algunos comités locales. La referencia apunta al apoyo a candidatos de dudosa probidad moral y política que se han mimetizado al terco discurso de Donald Trump, quien insiste en que Biden no ganó la elección y, por lo tanto, es un presidente ilegítimo. La consigna se repite en cada mitin que Trump convoca en apoyo a sus candidatos y ya se ha convertido en un mantra entre no pocos simpatizantes de los republicanos.

Lo que no quieren entender los líderes que, como McConell, se asustan por el ascenso a los más altos niveles de la política de un empresario de dudosa honestidad y con dotes de histrión, es que Trump llegó a la presidencia catapultado por ellos mismos. Criaturas como el Tea Party o el FreedomWorks, que nacieron con base en el repudio a Barack Obama y a las propuestas sociales del Partido Demócrata, formaron filas con los aduladores de Trump y no escatimaron loas a su llegada al Partido Republicano y a la presidencia. La memoria es corta, y ahora tratan de ignorar cómo nació y creció quien hoy les disputa el derecho de piso a los republicanos.

Las consecuencias van más allá de las que el propio Partido Republicano pudiera enfrentar. Durante los largos años que Trump fue huésped de la Casa Blanca, creó una serie de entuertos políticos, económicos y sociales que serán difíciles de deshacer ya no al actual presidente, sino a quienes lo sucedan. Trump removió las bases sobre las que, con todo y sus incongruencias, desigualdades e injusticias, la sociedad en su conjunto creía poder superar. No obstante, la forma en que algunos sectores han respondido a la voluntad de la actual administración por volver a la ruta que se perdió en el pasado reciente presagia la dificultad que existe para reconstruir esas bases, ya no digamos reemplazarlas por unas diferentes. Los votantes tienen la palabra el próximo noviembre.

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