El gobierno español aprobó ocho medidas urgentes para reducir los altos costos de la electricidad, que durante los primeros 10 días de septiembre batieron cuatro veces récords históricos de precios. Éstos han subido un 40 por ciento en lo que va del año y un 300 por ciento desde 2018, hasta generar una emergencia que amenaza con salirse de control. Las medidas aprobadas están divididas en cinco bloques: reforzar la protección de los consumidores vulnerables, medidas fiscales y sectoriales para abaratar la factura, limitar la subida de la tarifa regulada del gas natural, reformar el mercado eléctrico, aumento de la liquidez de los mercados y medidas relacionadas con el medio ambiente.

La noticia de que se pondrá un alto a los aumentos arbitrarios de precios provocó una caída en las acciones de las empresas del sector; aunque se anticipa que, excepto los alivios fiscales, las medidas serán de difícil aplicación en un entorno en el que la industria se encuentra controlada en su totalidad por consorcios privados. Las empresas involucradas culpan de la escalada a los precios del gas natural, que de abril de 2020 a la fecha se dispararon en más de mil por ciento, así como a los impuestos cobrados por el Estado. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) encontró que varias compañías manipularon los precios mediante especulación en el mercado.

De acuerdo con un informe de la Comisión, Iberdrola (empresa dominante y máxima responsable de estas malas prácticas) redujo considerablemente las aportaciones de las unidades hidráulicas más baratas, aumentando el diferencial de precios en unos siete euros el megavatio; un movimiento que afectó tanto a los consumidores como a sus competidores.

El hecho es que los hogares y los negocios españoles han visto cómo las tarifas aumentan en cada recibo hasta volver impagables actividades cotidianas como el uso de lavadoras, refrigeradores, hornos de microondas, calefacción o aire acondicionado. La situación se ha vuelto tan dramática que los bancos de alimentos han registrado un aumento en la afluencia porque las familias ya no pueden permitirse el gasto que conlleva cocinar en casa. Incluso las trabajadoras del hogar se han visto afectadas por la pérdida de empleo debido a los costos eléctricos, pues los clientes únicamente quieren que acudan en los horarios en que las tarifas dinámicas son menos elevadas.

En vista de estas lamentables circunstancias, es innegable que México evitó una crisis social de enormes proporciones al frenar la estrategia neoliberal de extinción de la industria eléctrica de propiedad pública y la entrega del sector a la iniciativa privada.

Asimismo, las dificultades del gobierno español para paliar los efectos de la voracidad empresarial por la ausencia de una empresa eléctrica estatal advierten acerca de la importancia de consolidar a la Comisión Federal de Electricidad mediante la reversión total de la reforma energética promulgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este empeño, debe contemplarse la necesidad de reformar al Poder Judicial, pues resulta inconcebible que algunos jueces sigan otorgando amparos para mantener contratos leoninos y lesivos del interés nacional a las mismas empresas que en su país de origen están acusadas de manipular el mercado.