Ayer se dieron a conocer dos importantes decisiones judiciales en el contexto del combate a la corrupción cometida durante los sexenios recientes. Por una parte, el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México le negó al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, un amparo mediante el cual el empresario buscaba que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, se abstenga de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública hacia su persona. En otra instancia, un juez federal se declaró incompetente para admitir la demanda de daño moral promovida por el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés en contra de Emilio Lozoya Austin.

Tanto Ancira como Anaya son representantes emblemáticos del entramado de complicidades construido por la clase gobernante del ciclo neoliberal para cometer y encubrir actos de corrupción a gran escala. Respecto al magnate acerero, la venta con sobreprecio de una planta chatarra a Petróleos Mexicanos (Pemex) ejemplifica la colusión político-empresarial para desmantelar el patrimonio público y desfalcar las arcas nacionales a través de un nefasto tráfico de influencias.

En cuanto al ex líder blanquiazul, a quien el ex director de Pemex afirmó haberle entregado un soborno por 6.8 millones de pesos a cambio de impulsar la aprobación de la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, representa el uso del poder para el enriquecimiento personal, así como la degradación de la labor legislativa a una mera componenda.

Estas sentencias, además de resultar saludables en sí mismas, parecen indicativas de que se encuentra en marcha un cambio positivo en el Poder Judicial, cuyos integrantes dejan de prestarse con la exasperante regularidad con que lo hicieron durante décadas al encubrimiento y la impunidad de los delitos perpetrados en las altas esferas del poder político y económico. En efecto, hasta hace muy poco la ciudadanía debió presenciar impotente toda suerte de resoluciones cuestionables desde el punto de vista jurídico e impresentables desde el ético. Para no ir más lejos, apenas el pasado 19 de agosto el propio Ancira consiguió un amparo definitivo contra la orden de aprehensión que le fue girada en mayo de 2019.

Cabe esperar que los dictámenes de ayer no queden únicamente en el terreno de lo anecdótico sino, por el contrario, que marquen tendencia en la construcción de un sistema de justicia a la altura de las expectativas ciudadanas y de la urgencia de la nación por dejar atrás la podredumbre que llegó a institucionalizarse.