El Congreso de Oaxaca aprobó el miércoles modificaciones a la ley estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de prohibir la venta, obsequio o donación de productos con altos contenidos calóricos a menores de edad. De acuerdo con los legisladores locales, la prohibición de poner en manos de los niños la denominada comida chatarra tiene el fin de coadyuvar a resolver los graves problemas de salud que implica para la infancia el consumo de be-bidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, pues la presencia de estos elementos en la dieta infantil deviene en obesidad, sobrepeso, diabetes y otras enfermedades que merman la calidad de vida de las personas e incluso ocasionan la muerte.

La Canacintra, la Coparmex, la Canirac, la Asociación Nacional de Pequeños Negocios y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, entre otros organismos empresariales, reaccionaron con un comunicado conjunto en el cual rechazan la decisión de los diputados oaxaqueños, y afirman que la prohibición no sólo no resolverá el problema de sobrepeso y la obesidad, sino que incentivará el mercado informal e impactará negativamente a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta, distribución y comercialización. El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, se expresó en el mismo sentido y añadió que calificar alimentos como buenos o malos o recurrir a prohibiciones no es la solución.

A propósito de esos posicionamientos, debe remarcarse que los eufemísticamente llamados productos con altos contenidos calóricos difícilmente pueden calificarse de alimentos, toda vez que su valor nutricional es prácticamente nulo; son, en cambio, productos tóxicos elaborados a partir de harinas y azúcares altamente refinadas, cuyo consumo tiene consecuencias negativas perdurables, muchas veces fatales. Como se reseñó en este espacio –a propósito de la petición de diversas organizaciones para que se revoque la concesión que permite a Coca-Cola Femsa extraer hasta un millón de litros de agua en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas–, existe una correlación directa entre el consumo de bebidas azucaradas y la prevalencia de diabetes mellitus. Tampoco es una coincidencia que México sea el mayor consumidor de refrescos per cápita y que ostente el segundo lugar mundial en obesidad, así como una epidemia de obesidad y sobrepeso infantil que alcanza a uno de cada tres niños de entre seis y 19 años.

Asimismo, es necesario despejar el falso dilema entre salud y economía, planteado con insistencia por los representantes de la iniciativa privada. En realidad, los problemas de salud causados por los productos nocivos que defienden tienen un costo económico de enorme magnitud, el cual es trasladado por los empresarios del sector al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, se ha estimado que los tratamientos médicos para un adulto de 45 años con obesidad y prediabetes pueden llegar a costar hasta 65 mil pesos al año, una cifra escandalosa si se considera que los ingresos anuales promedio del sector laboral ascienden a sólo 61 mil 896 pesos.

En suma, los argumentos esgrimidos por los intereses corporativos para mantener su negocio resultan insostenibles y dan cuenta de una suprema indiferencia por el bienestar de las mayorías. Si los grandes industriales tienen una auténtica preocupación por los pequeños comerciantes que se verán afectados por la nueva legislación, harían mejor en orientar sus esfuerzos a proveerlos con alimentos dignos de ese nombre, a colaborar en la reconversión de los procesos productivos de comida chatarra y bebidas azucaradas, a desarrollar campañas publicitarias que favorezcan entre la ciudadanía una superación de los hábitos inducidos hacia el consumo de productos nocivos y a ampliar el mercado y la distribución de alimentos saludables a precios asequibles.

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