José Murat

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, marco de la visita del presidente mexicano a Washington, es un paso adelante para consolidar el mayor mercado regional del mundo, con 18.3 por ciento de la economía internacional y 16 por ciento de las exportaciones globales, e impulsar las economías nacionales, pero también deja fuera importantes agendas sociales, laborales y de equidad, la cláusula de asimetría entre las partes para favorecer a los más débiles, a diferencia de otros instrumentos, como la Unión Europea.

Es un acuerdo que se inscribe en la lógica de la globalización y la apertura de nuestro tiempo, el debilitamiento de las soberanías nacionales en aras de objetivos económicos y de libre mercado, para contrarrestar el empuje de los demás bloques, que a su vez suman fuerzas para incrementar su capacidad competitiva.

De esta manera, al amparo del TLC, hoy T-MEC, el comercio entre México y sus dos socios ha crecido de manera exponencial en los pasados 26 años. De 1994 a la fecha, el volumen de comercialización entre nuestro país y Estados Unidos pasó de 82 mil millones a 612 mil millones de dólares, 650 por ciento,;mientras el intercambio de bienes y servicios entre México y Canadá aumentó 808 por ciento.

En el ángulo positivo, debe reconocerse que este acuerdo comercial, que eliminó gradualmente los aranceles sobre la mayoría de productos, trajo consigo importantes oportunidades de inversión, creación de empleos, competitividad y desarrollo de algunos sectores con vocación exportadora.

A pesar de que con las exigencias de mayor contenido regional en los procesos de producción en el T-MEC se obliga a comprar más insumos de origen estadunidense, la balanza comercial seguirá siendo muy favorable para México, pues el superávit comercial de 81 mil millones de dólares sólo disminuiría 2 mil millones de dólares, para quedar en 79 mil millones de dólares, pasando de 6.4 por ciento del PIB a 6.2.

El mayor efecto positivo ha sido este impulso decisivo a las exportaciones mexicanas, pero el impacto en los sectores económicos y sociales ha estado muy lejos de ser uniforme. Unos han ganado, se han fortalecido, como la industria automotriz, que en 1994 producía apenas 125 mil millones de pesos, equivalentes a 1.1 millones de vehículos, de los cuales se exportaban 567 mil (52 por ciento), mientras el año pasado hubo una producción de 549 mil millones de pesos, 3.7 millones de unidades, de los cuales se exportaron 3.3 millones. Igualmente, se han beneficiado, aunque en menor grado, la industria de fabricación de equipo electrónico y de informática.

Pero en el otro extremo, otros sectores, que ya de por sí eran precarios, han descendido más; en el campo, los productores de granos y actividades agropecuarias en general, salvo algunos productos como las hortalizas y el aguacate, para no ir tan lejos. Los subsi-dios encubiertos de nuestros socios comerciales han sido la clave, una competencia desleal.

Algo más grave, no hay ninguna cláusula que atienda el libre tránsito de las personas o, cuando menos, que contemple facilidades migratorias para una estancia temporal estable, cierta y digna para los productivos trabajadores mexicanos que, con su esfuerzo y talento, han construido los cimientos de la mayor economía del mundo, sobre todo en estados como California, Texas y Florida, con un PIB que excede el de varios países europeos. En respuesta asimétrica, los trabajadores migrantes y sus familias no tienen acceso a servicios elementales de salud, educación y seguridad social. Mucha contribución, poca contraprestación.

El trato discriminatorio se da a pesar de que, como señala el profesor Jeffrey Humphreys, director del informe Economía Multicultural, elaborado por el Centro Selig de la Universidad de Georgia, el poder adquisitivo de los hispanos determinará cada vez más el ritmo del crecimiento del PIB de Estados Unidos y de la región. Recordemos que, de una población de casi 57 millones de latinos en ese país, más de 60 por ciento son mexicanos o de origen mexicano; es decir, más de 30 millones de personas.

En el aspecto negativo, ahora se agregaron cláusulas lesivas a la soberanía nacional, como la controvertida figura de los agregados laborales, que proporcionarán información sobre las prácticas laborales del país; es decir, el apego o no a los criterios de libre mercado, no siempre compatibles con el espíritu social de la Constitución.

En suma, lejos de festejar la puesta en vigor del T-MEC, los mexicanos, gobierno y sociedad debemos estar alertas para que los aspectos positivos, como la seguridad y el aliento al comercio y la inversión trilateral, prevalezcan sobre los negativos como los riesgos a la soberanía nacional, el colapso del campo, el estatus vejatorio de los trabajadores migratorios y las injerencias en la política laboral que sólo debe competer a los nacionales.

Cuidemos que no todo se reduzca a un libre tráfico de mercancías, un libre mercado sin rostro humano.