En la frontera sur del país se desarrolla un drama humano, pero también político. Ante el arribo de miles de centroamericanos que intentan ingresar al territorio nacional con el fin de llegar a Estados Unidos, las autoridades mexicanas se han visto desbordadas en diversos momentos, lo que ha dado paso a escenas de confrontación y violencia entre efectivos de la Guardia Nacional y migrantes.

Duelen las imágenes de personas que huyen de sus países de origen por hambre, por inseguridad o por ambas cosas, y acaban enfrentando en el nuestro gases lacrimógenos, golpes y, a la postre, repatriaciones.

Debe tenerse en cuenta, que por su situación geográfica México se encuentra atrapado entre una superpotencia, cuya economía requiere de mano de obra extranjera, pero cuya esfera política está dominada por el racismo y la xenofobia, eso por un lado, y por el otro, países en los que la violencia delictiva y la pobreza expulsan a un gran número de personas.

Ante esta circunstancia, el gobierno federal ha propuesto a ambas partes resolver las razones profundas de la emigración mediante programas que generen empleos de calidad con el fin de reducir los índices delictivos y crear las condiciones para que la gente pueda permanecer en sus lugares nativos en condiciones dignas y seguras.

A pesar de sus innegables cualidades, tal propuesta, sin embargo, no ha sido recibida, ni en Estados Unidos ni en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica –Guatemala, Honduras y El Salvador– con la seriedad y la disciplina que ameritaría, y en todo caso no podría esperarse que diera como resultado inmediato una reducción drástica de los flujos migratorios.

Con ese telón de fondo, las autoridades nacionales han ofrecido a los viajeros un ingreso seguro, ordenado y regulado al territorio nacional, incluyendo posibilidades de empleo en México, lo que no ha bastado, sin embargo, para contener a miles que desean alcanzar Estados Unidos, e invocan para ello el derecho de libre tránsito, una garantía que constituye principio ineludible, pero no es observado en su literalidad por ningún otro país.

Debe considerarse, por otra parte, que en las circunstancias reales la regulación no sólo es necesaria para ofrecer a los extranjeros condiciones mínimas de vida y seguridad, sino también para evitar que ocurra en la frontera norte una crisis migratoria que sería, de manera forzosa, mucho más grave que la que tiene lugar en el Suchiate, tanto para los propios migrantes como para los frágiles equilibrios logrados por el gobierno mexicano en la siempre espinosa relación bilateral con el país vecino.

En tal situación, parece necesario reforzar las acciones diplomáticas orientadas a impulsar la realización de la propuesta mexicana para resolver la migración, realizar en las naciones hermanas de Centroamérica campañas informativas para divulgar con toda nitidez los alcances y las limitaciones de la postura mexicana y observar de la manera más estricta posible los derechos humanos de quienes, a pesar de todo, llegan a nuestro territorio.