1. R. Aída Hernández Castillo*

La masacre de 10 indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, y la incineración de sus cuerpos por los agresores el 18 de enero pasado, es parte de la pedagogía del terror que se ha profundizado en los últimos meses en territorios indígenas del estado de Guerrero. Estas formas de violencia extrema están siendo utilizadas contra poblaciones indígenas que se han caracterizado por sus procesos organizativos contra la violencia y las economías ilegales del narcotráfico. Quemar los cuerpos es una estrategia necropolítica que busca ir más allá de acabar con la vida de los asesinados, busca afectar a sus familias, a las comunidades, sembrar el miedo y usar los cuerpos para mandar un mensaje a quienes se oponen al control territorial de los c á rteles de las drogas. Los indígenas asesinados, aparte de pertenecer a un grupo musical, eran integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), sistema de seguridad y justicia que por más 25 años había logrado mantener al crimen organizado fuera de los territorios bajo su jurisdicción.

La llamada policía comunitaria de Guerrero fue por muchos años ejemplo de la capacidad de los pueblos indígenas para reconstituir sus sistemas de justicia y fortalecer el tejido comunitario, ante la incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con sus funciones de seguridad y justicia. Los múltiples estudios antropológicos y sociológicos que se han hecho sobre este sistema de justicia –creado hace 25 años por comunidades me’phaa, nahuas, na savi, afrodescendientes y mestizas– lo habían mostrado como ejemplo de formas de justicia restaurativa, mucho más efectivas que la justicia punitiva del Estado. La CRAC había sido también un caso etnográfico para mostrar las posibilidades de la gubernamentalidad indígena para contener la violencia del crimen organizado.

Si bien en administraciones pasadas hubo varios intentos de debilitar el sistema criminalizando y encarcelando a varios de sus integrantes, y utilizando la cooptación para causar fracturas internas, nunca habían vivido el nivel de violencia y terror que se ha desatado contra ellos en los últimos meses. El 10 de diciembre el comandante y consejero regional del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue asesinado en la puerta de su casa, sin que hasta la fecha se haya consignado a nadie por el homicidio. Las autoridades de la CRAC denunciaron en esa ocasión que desde la creación de ese Comité de Enlace, cinco policías comunitarios habían sido asesinados, en el marco de lo que denominaron proceso de limpieza del crimen organizado contra las policías comunitarias. Entre los coordinadores ejecutados, se encuentra Julián Cortés Flores, uno de los titulares de la CRAC en San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, asesinado en abril pasado.

Estos homicidios y la impunidad en torno a ellos han sembrado un clima de terror en los territorios indígenas bajo jurisdicción de la CRAC, debilitando el sistema y abonando al desplazamiento forzado de la población. Guerrero, ocupa hoy el primer lugar nacional con población desplazada: más de 5 mil casos, según cifras oficiales, que aumentan diariamente.

La violencia del narco provoca nuevas formas de desposesión de los pueblos indígenas de Guerrero, que al desplazarse dejan sus territorios libres para la entrada del gran capital. Urge documentar y analizar el nexo entre las violencias extremas del narcotráfico en territorios indígenas y los procesos de desposesión y apropiación de sus recursos naturales. Según informes gubernamentales, en Guerrero se encuentran 42 yacimientos mineros listos para ser explotados, algunos de los cuales coinciden con 200 mil hectáreas de los territorios en los que habitan miembros de las comunidades indígenas nahua, me’phaa y na savi. Estos pueblos de la Montaña y la Costa Chica no han sido consultados para el otorgamiento de esas concesiones y en lugares como San Miguel el Progreso han dado una lucha contra la explotación minera en sus suelos.

La embestida de violencia contra la CRAC debe entenderse en el marco de procesos más amplios de desposesión y ocupación de territorios indígenas por redes de macrocriminalidad, cuyas complejidades aún no alcanzamos a entender, pero cuyos impactos están afectando de manera profunda el tejido social de sus comunidades.

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