Mario Patrón

Apenas hace un mes, Christopher Landau juró como embajador de Estados Unidos en México. Aunque la vecindad hace indispensable la relación para ambos países, a nadie escapan los condicionantes históricos, económicos y políticos que han puesto a México en permanente vulnerabilidad en ella. En los últimos tiempos, las amenazas comerciales expresas y el tema migratorio son un botón de muestra. Otro tema ineludible es el referido al uso y tráfico de armas, así como los discursos de odio auspiciados desde el poder.

El mes de agosto estuvo marcado por dos masacres en el estado de Texas que son una ineludible llamada de atención: la de El Paso, que llegó a todos los noticiaros y en la que murieron 22 personas y 26 más resultaron heridas; y la de Odessa y Midland, en la que al menos murieron 8 personas y 20 más fueron baleadas, y que no tuvo la misma repercusión.

Esta escalada de la violencia en el país vecino es cada vez más alarmante y ha vuelto a poner en entredicho las medidas de control existentes sobre el uso y portación de armas, además de que ha introducido al debate el papel del discurso de intolerancia utilizado en el gobierno de Donald Trump.

Para dar una idea de la magnitud de la violencia: en Estados Unidos ha ocurrido, en promedio, más de un tiroteo múltiple diario; cada año mueren alrededor de 34 mil personas por armas de fuego, es decir, 93 al día; y entre 2000 y 2018 ocurrieron 220 tiroteos en escuelas primarias y secundarias.

Desde la masacre de Parkland, Florida, en febrero de 2018, se generaron manifestaciones a escala nacional exigiendo mejoras en la regulación armamentística, pero han resultado tibias las medidas asumidas. La reducción de inventario en algunos centros de venta, el incremento en la edad mínima para su compra o la prohibición de algunos modelos poco ayudan a disminuir la incidencia de tiroteos cuando las armas se venden en los supermercados.

Esta situación es preocupante, además, por los motivos de odio que subyacen en los ataques. Si bien es difícil conocer las razones detrás de uno, pues muchas veces el atacante es abatido, es bien sabido que, en las masacres de Charleston en 2015, San Diego en el presente año y la más reciente de El Paso, ha existido un componente supremacista como motivo fundamental de la agresión contra población afroamericana, judía y latina, respectivamente.

Indudablemente hay un resurgir de los neonacionalismos o neonativismos que cada vez se ocultan menos y encuentran mayor cabida en la opinión popular estadunidense, legitimando los crímenes de odio contra poblaciones no blancas en un país en el que los discursos de campaña estuvieron dirigidos contra los latinos y en el que las acciones de gobierno contra los migrantes han sido severas.

Tan sólo en 2017, el primer año de gobierno de Trump, los crímenes de odio se incrementaron 17 por ciento, con 7 mil 157 casos. Patrick Crusius, autor de la masacre de El Paso, publicó un escalofriante manifiesto en el que consignó que el ataque contra los latinos en una ciudad fronteriza era un mensaje que disminuiría las intenciones de cruzar a territorio de Estados Unidos y evitaría la pérdida de identidad racial estadunidense; también expuso una supuesta urgencia de tomar medidas drásticas contra el incremento de los latinos en su país.

Un segundo elemento igualmente amenazante es el de la disponibilidad y tráfico de armas. Resulta evidente que la regulación del mercado armamentístico representa una de las medidas más inmediatas para la atención de la violencia. En 2018, 326 millones de personas habitaban Estados Unidos y había registro de la existencia de 393 millones de armas de fuego, lo que representa 40 por ciento del total mundial en un país con 4 por ciento de la población mundial. De ahí que 72 por ciento de los habitantes afirmen haber disparado un arma alguna vez en su vida.

Igualmente preocupante es la incidencia en otros países de estas facilidades otorgadas al mercado de armas, pues el tráfico ilegal es uno de los principales alimentos de la violencia en México y Centroamérica. Tan sólo en nuestro país hay alrededor de 16 millones 800 mil armas, de las cuales 86 por ciento son ilícitas, y este número se incrementa con la entrada de 213 mil armas ilegales cada año por la frontera con Estados Unidos, más las que cada vez en mayor número llegan por Belice o por Guatemala.

Los tiroteos masivos en EU y la macrocriminalidad en México están sustentados por un mismo mercado de armas, lo que requiere la urgente y eficaz intervención de las autoridades de ambos países. Mientras los gobiernos sigan valiéndose de medidas tibias sujetas al cabildeo de la industria del armamento, la violencia seguirá siendo un tema irresuelto.

Resulta urgente construir una agenda política bilateral para detener el flujo de armas e incrementar la regulación de su compra y venta, y es igualmente urgente exigir un cambio de retórica en la política estadunidense, de manera que lo único intolerable sea el odio. Si los discursos de odio son sólo un insumo más para el debate electoral y si la regulación del tráfico de armas se condiciona a la disminución del flujo migratorio, entonces hay mucho trabajo por delante, pues no podemos permitir que el odio se negocie, que la intolerancia compre votos y que las balas sean más libres que las personas.

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Jose María Carmona

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