El comisionado interino de la Agencia Federal de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, Mark Morgan, dijo ayer que aunque México ha dado pasos sin precedente en materia de control migratorio, el gobierno de Donald Trump necesita que haga más para reducir el flujo de personas que intentan llegar a territorio estadunidense a través de nuestro país.

El funcionario reconoció que en la frontera común las detenciones de migrantes realizadas por efectivos de la nación vecina han disminuido, de casi 133 mil en mayo, a poco más de 50 mil en agosto, a raíz del acuerdo bilateral por el que el gobierno nacional se comprometió a dar pleno cumplimiento a la Ley de Migración, y el estadunidense, a no imponer aranceles a las exportaciones mexicanas; sin embargo, porfió en demandar que México acepte declararse tercer país seguro; esto es, que acepte dar refugio a todos aquellos individuos que lo soliciten en Estados Unidos y sean rechazados.

Ayer mismo, el canciller Marcelo Ebrard reiteró, en una respuesta directa a Morgan, divulgada por Twitter, que por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador no habrá concesiones en este sentido, y esa postura cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas en el Senado de la República.

Es claro que en los 90 días transcurridos desde la firma de ese convenio, las autoridades nacionales han hecho su parte, e ir más allá no sólo significaría una claudicación en materia de soberanía, sino que implicaría también crear condiciones para la comisión de violaciones consuetudinarias a los derechos humanos de las personas migrantes.

No deja dudas a este respecto la advertencia formulada ayer mismo por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien manifestó su preocupación por las políticas adoptadas por Estados Unidos, México y Centroamérica para contener el flujo migratorio, debido a que incrementan el riesgo de quebrantar las garantías individuales de los viajeros.

Ha de considerarse, por otra parte, que las presiones de la Casa Blanca sobre el gobierno de López Obrador en esta materia son, en buena medida, parte de un intento propagandístico con propósitos electoreros de presentar el fenómeno migratorio como una crisis de seguridad nacional y que Trump necesita ostentarse ante la opinión pública de su país como un sujeto capaz de imponer decisiones a otros gobiernos.

En junio pasado fue posible encontrar, sin violentar las leyes nacionales, un acuerdo en el límite de lo aceptable.

No obstante, si el magnate neoyorquino pretende llevar más lejos esa representación, hasta el punto de dictar nuestra política migratoria y de forzar a nuestras autoridades a atropellar su propio marco legal, no hay otra respuesta posible que el rechazo a tales pretensiones, no sólo, como se ha dicho, por un elemental principio de soberanía, sino también para evitar que las autoridades mexicanas acepten incurrir en prácticas contrarias a los derechos humanos.

En este punto todas las fuerzas políticas, todos los sectores económicos y todas las organizaciones sociales del país deben repudiar en forma inequívoca las exigencias adicionales de Washington.

Como pocas veces en el pasado reciente, la situación actual requiere de una expresión contundente de unidad nacional.

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Jose María Carmona

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