Víctor M. Toledo

Una nueva fuerza recorre el país, de norte a sur y del Pacífico al Caribe, de los mares y costas a los altiplanos y desiertos, de las comunidades del México profundo a los enclaves más avanzados de las metrópolis. Son los defensores de la naturaleza y demandantes de algo fundamental: el derecho a un ambiente sano y digno con aire puro, aguas transparentes, energías limpias, hábitats y espacios decorosos. Este derecho que se hace presente a los ojos de cada vez más ciudadanos y colectivos, y que se exige con firmeza, se torna grito de enojo y desesperación cuando se demanda para los hijos y para los hijos de los hijos. Este derecho ha quedado conculcado por una civilización (industrial, tecnocrática, racionalista y patriarcal) obsesionada por la acumulación privada de la riqueza y por la santificación de los valores individuales. Esta fuerza no es política, aunque todos los partidos sin excepción quisieran cooptarla, ni es ideológica ni religiosa, aunque parezca basada en actos de fe. Es esta la fuerza de la vida expresándose en cada ser humano quien logra reconocer la existencia de una entidad natural omnipresente y eterna sin la cual la existencia humana es simplemente imposible. Esta fuerza proviene de un alumbramiento que aunque individual es el reflejo de una conciencia colectiva, pero también se alimenta del pensamiento crítico y del conjunto de las evidencias de una ciencia con conciencia social y ecológica.

Resultante de la acumulación de agresiones provenientes de tres décadas de política neoliberal, que han dejado estelas de destrucción en innumerables territorios rurales y urbanos, en México las defensas de la naturaleza se multiplican y extienden de manera inusitada. De ello dan fe los más de 500 conflictos socioambientales registrados en el país entre 2013 y 2018, pero sobre todo los cientos de demandas y protestas que sin alcanzar el carácter de conflicto se levantan y difunden o llegan a las autoridades a escala municipal, estatal y federal. También existen numerosas iniciativas que desde la ciudadanía surgen para remontar problemáticas puntuales en relación con el agua, los alimentos, la energía, la vivienda, el aire, los bosques y selvas, la conservación de la biodiversidad y de los suelos. Para quienes siguen pensando que el ambientalismo es un asunto de élites urbanas inducido desde el exterior, ahí están las estadísticas que revelan que la mayoría de los movimientos son de carácter rural, y que buena parte de los 122 defensores de la naturaleza asesinados en México entre 1995 y 2015 pertenecían a los pueblos indígenas.

Un mínimo recuento de este ambientalismo generalizado incluye lo siguiente: resistencias contra los proyectos turísticos de la Riviera Maya; la soya transgénica; las granjas porcícolas; los parques solares y eólicos, y el rescate de cenotes y arrecifes en la Península de Yucatán; acciones contra varias mineras, y el rescate de humedales en Chiapas; movimientos contra la minería, por el uso comunal del agua (Valles Centrales) y contra los proyectos eólicos del Istmo en Oaxaca; resistencias de varios años contra la construcción de presas en Sonora, Jalisco, Oaxaca y Guerrero, y contra proyectos hidroeléctricos, petroleros, mineros y gaseros en 12 entidades; protestas de pescadores por la contaminación marina o lagunar en Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; defensas de ríos y otros cuerpos de agua afectados por la contaminación industrial en siete entidades. Decenas de reclamos urbanos contra la contaminación del aire o del agua. Y así sucesivamente.

Esta miríada de resistencias y protestas, que aparecen aisladas y fragmentadas, comienzan ya a integrarse para dar lugar a acciones de mayor dimensión geopolítica.

Casi sin excepción todas conectan actores y actrices rurales y urbanos. Este es el caso de la resistencia contra el gasoducto de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos; del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) que enfrenta proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, porcícolas y de fractura hidráulica, además de rescate de arrecifes y dunas costeras. En la Sierra Norte de Puebla más de 300 comunidades nahuas y totonakús defienden de manera unificada sus territorios. A escala estatal existen el Parlamento Comunitario de los Derechos de la Naturaleza de Puebla y los colectivos Guerrero es Primero y Morelos Sustentable.

Todas estas resistencias que avanzan y maduran a fuego lento, conforman ya enclaves de regeneración y de esperanza ante una civilización que se desmorona y que a mediano plazo estallará, no obstante y a pesar de los esfuerzos por salvarla, incluidos los de los llamados gobiernos progresistas o de izquierda, pues la crisis de la civilización moderna sólo será superada por medio de una transformación civilizatoria. No hay, aunque se desee, salida a la crisis de la modernidad desde las visiones, parámetros, tecnologías, tesis y valores de lo moderno. Todo tiene que ser ­reinventado.