El presidente de España y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, anunció ayer que se encuentran rotas las negociaciones que mantenía con Pablo Iglesias y su formación, Unidas Podemos, con vistas a lograr la mayoría parlamentaria requerida a fin de investir a Sánchez en el Ejecutivo para un nuevo periodo. A menos de que obtenga el improbable respaldo de los partidos de derecha, esta ruptura significará el fracaso del mandatario en la sesión de investidura que se iniciará el 22 de julio y el consiguiente llamado a nuevas elecciones generales.

El actual impasse en la política peninsular se debe, por un lado, a la incapacidad de cualquiera de las formaciones políticas para obtener en los comicios de abril pasado la mayoría de 176 escaños que le permitiera al ganador formar gobierno en solitario y, por otra, al empeño del presidente en funciones por obtener el respaldo de la organización de Iglesias y de diversos partidos regionales sin abrirles espacios en el nuevo gobierno.

Tal escenario refleja un doble agotamiento: primero, el del electorado español, que no ha podido unificarse en torno de algún proyecto y mantiene un voto atomizado hacia las diversas formaciones políticas, tanto a los tradicionales y hasta hace menos de una década hegemónicos Partido Popular (PP) y PSOE, como a los nuevos contendientes que han surgido a izquierda y derecha del espectro.

Pero el agotamiento más profundo y preo-cupante es el del entramado institucional urdido en la Constitución de 1978, que no es sino la ya inocultable obsolescencia del Estado imaginado por quienes tomaron las riendas del país tras la prolongada dictadura franquista. A más de 40 años cobran toda la apariencia de ser insuperables las graves falencias de origen de ese orden político, levantado sobre la cuestionable base del perdón absoluto de los crímenes de la dictadura y la incorporación plena de sus miembros al orden democrático.

A la patente inoperancia de dicho sistema político para procesar de manera normal los procesos electorales y las diferencias políticas que encaran los ciudadanos de cualquier Estado, debe añadirse que su diseño resulta, incluso, contraproducente cuando se trata de gestionar el desafío más acuciante de la democracia española, el que refiere a los nacionalismos catalán y vasco.

En efecto, el perenne conflicto entre estas regiones y el gobierno madrileño indica que bajo el actual marco los reclamos de dichas comunidades no podrán resolverse ni como desearía La Moncloa (con su permanencia indiscutida en el seno del Estado español), ni como pretenden los distintos separatismos (con la separación de España y la formación de nuevos Estados soberanos).

Por todo lo anterior, debería quedar claro que, lejos de apostar por mejorar sus números en las siguientes elecciones, las fuerzas políticas españolas deberían plantearse con toda seriedad la convocatoria a un proceso constituyente que dé forma a un Estado capaz de responder a los reclamos y anhelos de toda la sociedad, pues, de lo contrario, la parálisis será la única normalidad posible en la política ibérica.