En diversas ciudades de Estados Unidos se instauró ayer un clima de terror debido al inicio de las redadas de migrantes decididas por el presidente de ese país, Donald Trump, quien pretende expulsar a miles de trabajadores extranjeros.

En Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, Atlanta, San Francisco, Baltimore y Denver, que son las urbes en las que empezó la persecución de migrantes a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), miles de personas se encuentran en estado de zozobra, imposibilitados de salir de sus casas por temor a ser capturados y adoptando planes de contingencia ante detenciones que se traducen, en muchos casos, en abruptas separaciones familiares. La víspera, en la primera de esas ciudades, miles de inconformes salieron a las calles para manifestarse en contra de la cacería humana anunciada por el gobierno federal.

En contraste, las autoridades municipales de casi todas las ciudades afectadas por la medida ordenaron a sus corporaciones policiales no compartir con los agentes federales datos que pudieran permitir la captura de migrantes, decidieron impedir que las prisiones locales sean utilizadas para encerrarlos y anunciaron servicios de apoyo para los afectados, como asistencia legal y auxilio a menores de edad que pudieran quedar abandonados por la detención de sus tutores. Asociaciones de empleadores, por su parte, han expresado preocupación ante la posibilidad de que sus trabajadores no asistan a las labores a consecuencia de las redadas.

No es exagerado afirmar que con la persecución a extranjeros en Estados Unidos el mundo asiste a una de las expresiones más atroces de xenofobia y racismo, protagonizada, como agravante, por el gobierno más poderoso del planeta y el más despectivo para con los derechos humanos y la legalidad internacional. Pero esta atrocidad tiene, para colmo, una faceta de hipocresía e incluso de farsa, porque es evidente que la administración de Trump no puede ni quiere expulsar al conjunto de los trabajadores migrantes; ello no sólo es administrativa y operativamente impracticable, sino que conllevaría un golpe demoledor a la propia economía estadunidense. Es claro, en cambio, que la Casa Blanca busca reducir a las comunidades de inmigrantes a un permanente estado deindefensión y pánico, así como azuzar las fobias de los sectores más atrasados y provincianos de votantes estadunidense con propósitos inocultablemente electoreros.

Por lo que hace a México, aunque el canciller Marcelo Ebrard informó que hasta ahora no se ha registrado el caso de mexicanos capturados, la situación no es menos preocupante, toda vez que en buena parte de los casos el gobierno vecino buscará deportar a los extranjeros detenidos a través de nuestro territorio, y que ello agudizará la circunstancia que ya se vive en el país a consecuencia de los miles de migrantes varados en este país.

En estas condiciones resulta impostergable formular estrategias concretas para gestionar la presencia de extranjeros en territorio mexicano con pleno respeto a sus derechos humanos y evitar que el fenómeno tenga el efecto indeseable de exacerbar los sentimientos xenofóbicos que existen, por desgracia, en sectores de nuestra sociedad.