María Teresa Sierra*

En el contexto de la realización del Foro de Consulta para la reforma constitucional en materia de derechos indígenas y afrodescendientes, que implementa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a nivel del país, el pasado 7 de julio presencié un hecho insólito de racismo y violencia política en Ayutla de los Libres, en Guerrero. Un grupo de vecinos de la élite local, autodenominados los mestizos, irrumpió violentamente en la inauguración del Foro. Estaban en contra de que éste legitimara al Concejo Municipal Comunitario, el cual gobierna Ayutla desde el 15 de julio de 2018, con base en los llamados usos y costumbres, lo que consideran un atropello a sus derechos. Alrededor de 100 inconformes gritando fuera, fuera, de manera envalentonada movieron las sillas, rompieron la ofrenda ritual que desde el amanecer habían preparado las autoridades del Concejo, se lanzaron sobre los que presidían el acto –autoridades federales y comunitarias– y los arrinconaron. Si bien previamente se han registrado tensiones racistas desde que los indígenas gobiernan Ayutla, el nivel de la agresión en esta ocasión rebasó cualquier expectativa.

Los 999 participantes registrados en el foro, provenientes de distintas comunidades de Ayutla y de municipios aledaños con población na’savi y me’phaa, junto con las 360 autoridades comunitarias presentes, todas ellas con sus acreditaciones y sellos, observaban con indignación y molestia los actos de agresión intempestivos. Mujeres y hombres de comunidades miraban atónitos las acciones y escuchaban diatribas y desprecios hacia sus autoridades y sus costumbres. Los agresores no estaban dispuestos a ningún diálogo, querían imponer su voluntad. En un momento de tensión incrementada, la guardia municipal comunitaria se interpuso para bajar los ánimos; en los alrededores seguían los hechos con distintos cuerpos de seguridad municipal y estatal. La manifestación siguió por un buen tiempo y en la calle aledaña líderes de los mestizos desplazados del poder se lanzaron a criticar al gobierno de los pueblos como ineptos e incapaces de gobernar junto con una retahíla de descalificaciones sobre lo que consideran abusos y costumbres. Con el fin de evitar la violencia y la confrontación, los representantes federales y las autoridades comunitarias decidieron cancelar el foro y declararlo en receso permanente, previendo su realización posterior.

El Foro se organizó para consultar la opinión de las comunidades con vistas a una reforma constitucional que amplíe los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y los reconozca como sujetos de derecho público en una perspectiva plural y autonómica. El acto de Ayutla es uno de los 54 foros que realiza el INPI a escala nacional para alimentar una iniciativa de reforma constitucional. El enorme esfuerzo invertido por los funcionarios del INPI y autoridades del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla para la organización de este foro, se vio truncado por la acción impune y violenta de los mestizos decididos a impedirlo. Fue además frustrante para la mayoría de los participantes haber dejado sus actividades en el campo para trasladarse a Ayutla y ver impedida la realización del foro y sobre todo verse sujetos a humillaciones e insultos.

Lo que sucedió el domingo pasado en Ayutla es la expresión de un cúmulo de agravios que viven las comunidades indígenas frente a poderes caciquiles mestizos incrustados en las cabeceras municipales. Discriminación, malos tratos, corrupción y usos políticos electorales y demás abusos son justamente los motivos que llevaron a que las comunidades indígenas y sus organizaciones se movilizaran para acceder al poder municipal y gobernar con base en formas de democracia comunitaria participativa. Esta gran hazaña fue producto de un largo proceso judicial de casi tres años impulsado por los pueblos y sus abogados comunitarios ante el Tribunal Federal Electoral que finalmente les dio la razón y les reconoció el derecho de elegir a las autoridades municipales por medio de sus sistemas normativos. Finalmente el 15 de julio de 2018, en una macro asamblea se instaló el Concejo Municipal Comunitario y sus representantes provenientes de comunidades y colonias na’savi, me’phaa y mestizas, inaugurando un nuevo estilo de gobierno basado en asambleas y una organización de representación horizontal que deja fuera a los partidos políticos y las prebendas de los grupos de poder los mestizos.

Haber revertido el poder municipal con la decisión y el apoyo mayoritario de las comunidades, es lo que está en el fondo de la agresión tan rabiosa del grupo de caciques mestizos y sus huestes que no aceptan que cambiaron los tiempos y que los indígenas están dispuestos a gobernar para todos, incluidos los mestizos, en una perspectiva transformadora. El Concejo está aprendiendo a gobernar, pero es un hecho que los pueblos están ahí para quedarse y los mestizos tendrán que acostumbrarse a los nuevos tiempos que no permiten la reproducción de la exclusión y el racismo.

El racismo exacerbado y vil que se vivió en Ayutla es expresión de una violencia política que tiñe los procesos de transformación local y regional en Guerrero, como en otras regiones del país.