Abraham Nuncio

El Estado mexicano convirtió a sus órganos de seguridad, en el periodo denominado guerra sucia, en cuerpos paramilitares que perseguían, secuestraban, torturaban, desaparecían, asesinaban a todos aquellos individuos que eran vinculados a grupos de izquierda militante, en particular la insurgencia armada, tras las matanzas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y San Cosme el 10 de junio de 1971 cuyo blanco fueron también los estudiantes que se manifestaban pacíficamente. Una de sus dependencias arquetípicas era la Dirección Federal de Seguridad (DFS), comandada por el temible y cruel policía Miguel Nassar Haro, creador de la tropa de asalto conocida como la Brigada Blanca destinada a efectuar actos de lesa humanidad en quienes, señalados por razones políticas, caían en sus manos.

El principal cuartel de esas atrocidades, realizadas en nombre de la ley y a la sombra de una viscosa impunidad, se ubicaba en un edificio marcado con el número 8 de la Circular de Morelia de una conocida colonia en la Ciudad de México.

Hoy, en el contexto de la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la memoria colectiva, el gobierno de la Cuarta Transformación no sólo pone en evidencia las aberraciones del gobierno priísta y su estela de agresiones, delitos, tormentos, sino que convierte a los fantasmas del horror en un archivo documental y museográfico, a título de condena que sin duda comparte un amplio sector de la población.

Giro de 180 grados. En el lugar siniestro que fue la guarida de la DFS, habilitada como cárcel clandestina, la Secretaría de Gobernación abrió las puertas al público de una nueva dependencia bajo su responsabilidad: la Dirección General de Estrategias para los Derechos Humanos. Viene a ser, además de oficinas operativas y de la mano de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México, un museo de sitio y uno más de los memoriales que el gobierno de López Obador convierte en símbolos de la lucha contra la tortura, la desaparición forzada de personas y la atención a las víctimas que sufrieron en el pasado estos crímenes cometidos por el Estado. Alberto Híjar, uno de los sobrevivientes de la política homicida y uno de los oradores en la ceremonia celebrada en las afueras del lugar, le dio sentido al propósito que lo subyace: “Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. Libertad y consulta de expedientes y archivos. Fin al fuero militar de hecho…”

Cierto, al pasado no sólo se le debe recordar, sino tomar acciones para evitar que se repitan hechos extrajudiciales de daño deliberado a la humanidad, como dijeron la propia Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de esta renovada dependencia del Ejecutivo en el acto inaugural efectuado –como énfasis de lo que se quiere reivindicar, por un lado, y erradicar, por otro– el pasado 10 de junio.

En esa ceremonia estuvieron presentes varias de las víctimas de aquellos episodios funestos de nuestra historia; también asistieron grupos que han luchado, a lo largo de décadas, por encontrar respuesta a sus demandas de justicia. No sólo venimos a escucharlos, sino también a que nos escuchen, dijo uno de sus integrantes. En efecto, no fueron pocos los que se hicieron escuchar por los funcionarios de gobierno, y por Beatriz Gutiérrez Müller, quien preside el consejo externo y voluntario de Memoria Histórica y Cultural. Sobre el tema, la investigadora consideró que su referente nos lastimó como sociedad y es por ello que procede reconocer a las víctimas y a los sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos.

Sin haberlo percibido, la sociedad mexicana experimentó, con la guerra sucia, un nazismo localizado y de baja intensidad. Conocemos, señalamos y juzgamos a quienes lo ejecutaron. Pero no son ellos los únicos responsables de esa monstruosidad. Los presidentes de la República en funciones son los principales culpables. Y esa culpa la comparten los partidos (el PRI, el PAN y su periferia política y civil), los medios y los intelectuales que no denunciaron los actos que lo produjeron, las iglesias, las organizaciones sindicales, empresariales y otras de carácter social. Ninguno de estos actores desconoció los hechos, o bien es muy lamentable que los ignoraran. Pero en cualquier caso no pueden alegar inocencia, por lo menos a nivel de sus direcciones.

En su conjunto, hubo un sector social, verdadera reserva de la mentalidad que se identificó con los protagonistas de aquellos crímenes, cuya peligrosidad nadie debiera pasar por alto. Esa reserva estuvo constituida por la derecha y sus afluentes. Su culpa reside en haberlos justificado expresamente o con un silencio que hoy resulta atronador.

Que no se repitan actos execrables como los que recuerda el memorial de Circular de Morelia 8, requiere de una reducación general y de una dirección política consistente y consecuente con el símbolo y el significado actual de ese edificio.