Magdalena Gómez

No son tiempos propicios para que el actual gobierno se acerque a la evaluación del memorial de agravios de sus antecesores contra los pueblos indígenas. Más bien se observa impulsando los propios. Sin embargo, la realidad de uno de tantos en Guerrero, se presenta coincidiendo con otras batallas, como la que llamaremos guerra de los aranceles, cuya victoria negociadora deja por lo pronto en grave riesgo los derechos humanos de los reales y potenciales migrantes, que se enfrentarán al muy eminente muro militar que instalará en la frontera sur la guardia nacional. Pese a la enormidad de factores que diluyen la atención sobre otra victoria contra la impunidad, llamamos la atención sobre ella. El pasado viernes, la primera sala de juicios orales del Centro de Justicia Integral, en Acapulco Guerrero, tras 17 meses recluidos en el penal de Las Cruces, ordenó la libertad absoluta a los 16 presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), entre ellos a su dirigente Marco Antonio Suástegui, al no encontrar pruebas que los inculparan del delito de homicidio calificado, del que fueron acusados tras un enfrentamiento el 7 de enero de 2018 en la comunidad de La Concepción en Acapulco, con un saldo de nueve muertos, entre ellos tres integrantes del Cecop. El Ministerio Público no acreditó que ellos participaron en el enfrentamiento. Fueron detenidos en ese lugar cuando acudían a la asamblea dominical del Cecop.

Este movimiento es emblemático, son 16 años de una lucha jurídica y política, para impedir que se construya la presa por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se ha logrado, a un costo social muy alto, en un ambiente de criminalización del que forman parte los hechos de aquel 7 de enero.

A lo largo de estos años el Cecop, con asesoría del Centro Tlachinollan, ha recibido el reconocimiento de instancias internacionales y ha ganado juicios agrarios impugnando asambleas ilegítimas promovidas por la CFE. En su informe a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2007, el relator para Pueblos Indígenas Rodolfo Stavenhagen (†) señaló: También en México han sufrido abusos y violaciones los campesinos indígenas del estado de Guerrero que se oponen al proyecto de construcción en su territorio de la represa La Parota, que el Estado insiste en llevar a cabo sin el libre consentimiento de la población. Un tribunal ha instruido al gobierno que desista de proseguir la construcción de obras de infraestructura en esta zona hasta que el conflicto se haya resuelto por vía de la negociación, pero las autoridades han hecho caso omiso y siguen construyendo caminos como parte del proyecto de la represa, a lo cual numerosos comuneros se oponen. (A/HRC/4/32)

Bastaría con revisar la actuación de instancias oficiales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el manejo de su manifestación de impacto ambiental con graves omisiones, como fue el caso concreto de daños a la salud, riesgo sísmico, daños irreversibles a la cuenca y daños a las especies amenazadas y en peligro de extinción.

Dura tarea tiene el nuevo titular de esa dependencia para apuntar congruencia y corregir entuertos de sus antecesores. O bien para reconstruir la historia, Gobernación puede revisar la presencia policiaca rodeando a los comuneros para impedir su paso a las asambleas. Lo que queda muy claro, y ojalá este gobierno así lo entienda, es que el rechazo a la presa se mantiene firme.

Al salir del penal, Marco Antonio Suástegui declaró: Seguiremos adelante, no retrocedemos; no vamos a bajar la guardia. La Parota no va, no vamos a permitir que nos arrebaten nuestras tierras, ni un centímetro cuadrado de tierra, y se dirigió a Andrés Manuel López Obrador: Le hemos depositado la confianza y desde aquí le hacemos un llamado inmediato al Presidente de la República a que atienda los focos rojos en Cacahuatepec; nunca más un operativo como el que sucedió el 7 de enero. Le pidió que cumpla con su palabra de ayudar y estar con los pobres, le exigió la liberación de los comuneros aún detenidos, la cancelación inmediata y definitiva de la presa La Parota, así como el cese del hostigamiento contra los policías comunitarios de Cacahuatepec y los integrantes del Cecop. Pidió una mesa de trabajo con los representantes del gobierno federal en Guerrero, invitó al arzobispo Leopoldo González González y al padre Jesús Mendoza Zaragoza a que colaboren en este proceso. No conviene a nadie echar plomo contra plomo, tiene que ser diálogo hasta llegar a la justicia y conseguir la paz. En el mismo sentido se pronunció el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales. Un factor de riesgo para lograr un acuerdo comunitario lo representan los gravilleros que explotan irracionalmente la grava y arena del río Papagayo y han organizado a los pobladores para enfrentar al Cecop.

Guerrero tiene una larga agenda de impunidades y también de movimientos sociales e indígenas resistiendo en defensa de sus territorios. ¿Habrá escucha para este llamado al diálogo desde el dolor de la injusta reclusión?