Como suele hacerlo cada año, el gobierno de Estados Unidos emitió ayer su reporte sobre el estado de derechos humanos a escala mundial en el que, de manera previsible, dirigió sus baterías contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, a los cuales acusó de perpetrar o tolerar múltiples violaciones a los derechos humanos. Asimismo, en consonancia con la política del presidente Donald Trump, el informe se abstiene de señalar responsables en el asesinato de Jamal Khashoggi, periodista saudita y colaborador de The Washington Post, pese a que los propios órganos de inteligencia y el Congreso estadunidense ubican como organizador del atentado al príncipe heredero Mohammed bin Salmán.

Se trata, pues, del tradicional ejercicio de hipocresía en el que la información sobre violaciones a los derechos humanos es distorsionada para su uso como instrumento político contra gobiernos que no son del agrado de la Casa Blanca, a la vez que se practica una ominosa tibieza hacia los regímenes afectos. Para no ir más lejos, Colombia, histórico aliado de Washington en América Latina, es la nación más letal del mundo para los activistas: con 126 líderes sociales ultimados en 2018, el territorio colombiano fue escenario de cuatro de cada 10 asesinatos perpetrados contra defensores de derechos humanos, pero la alineación de Bogotá con los designios estadunidenses le ha valido ser tratada con escandalosa indulgencia en estas evaluaciones.

Todavía más grave es el silencio que Washington se dispensa a sí mismo: Estados Unidos ha sido siempre, y quizás hoy más que nunca, un foco de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De entre todas las atrocidades cometidas por las autoridades de ese país en su propio territorio, baste con apuntar al tratamiento inhumano de los migrantes que llegan en busca de refugio –con mención especial a la separación de familias y las alarmantes denuncias de abuso sexual contra menores en los centros donde se les confina al apartarlos de sus parientes o tutores–; la cacería contra periodistas y las presiones ilegales para que revelen sus fuentes, en la cual deben destacarse la cruzada contra Julian Assange y la reciente reaprehensión de la informante Chelsea Manning por negarse a testificar contra Wikileaks; los rutinarios episodios de brutalidad policíaca contra afroestadunidenses o el empecinamiento de 31 de los estados del país vecino en aplicar la pena de muerte, que según los patrones éticos contemporáneos es un castigo cruel, inhumano y desusado, además de representar, en consecuencia, una de las más atroces violaciones a los derechos humanos.

A este absurdo, en el cual uno de los países más descalificados para emitir opiniones acerca de los derechos humanos pretende erigirse en calificador, se suma el descrédito de su jefe de Estado en turno, acosador sexual confeso que durante su encargo ha hostigado a los medios de comunicación, incitado a la violencia contra periodistas y azuzado a organizaciones racistas.

Quizá los líderes de la autoproclamada mayor democracia del mundo se encontrarían mejor cualificados para expresarse acerca de la situación de las garantías individuales en el mundo si atendieran las palabras del gobernador de California, Gavin Newsom, quien con su moratoria a la pena de muerte en la entidad que gobierna presentó una luminosa excepción en el desolador panorama de violencia institucional que azota a la superpotencia: No creo que una sociedad civilizada pueda decir que es líder en el mundo mientras su gobierno sigue permitiendo la ejecución premeditada y discriminatoria de su gente.