Lev M. Velázquez Barriga*

El 6 de febrero, un grupo de académicos arropados por la derecha parlamentaria –PAN, PRI, MC y PRD– presentó una iniciativa de reforma educativa que de facto es la contrapropuesta a la presentada por el Presidente de la República en diciembre. La contribución de diversas miradas nos permitirá tener cada vez más elementos de análisis sobre esta iniciativa; por lo pronto, aquí hay una de ellas en la que quiero destacar aspectos que me parecen de suma relevancia.

Veamos: la calidad es lo inherente al derecho de los educandos, por encima y no en equilibrio con el derecho de los maestros que se incluye otra vez en el artículo tercero y no en las leyes laborales; los docentes son agentes primordiales de la calidad; el nuevo servicio de desarrollo profesional del magisterio favorecerá la calidad; las escuelas formadoras de docentes deberán garantizar la calidad y lo mismo la educación superior que imparta el Estado; los particulares impartirán educación de calidad; el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria a través de sus métodos y materiales educativos, organización de las escuelas, planes y programas de estudio, infraestructura educativa, formación y actualización de los docentes y directivos.

En suma, la calidad con equidad, de dulce, de chile o de manteca, aparece como el objetivo, no único, pero sí primordial de todo el sistema educativo; pero ¿qué es eso que está en todos lados de la iniciativa y es transversal a la propuesta de la derecha parlamentaria? No se define como tal, pero sí explicitan en qué se basa y qué persigue; textualmente dicen: el mejoramiento constante, el máximo logro de los aprendizajes y el pleno desarrollo de los educandos, reforzando la noción contenida en la actual reforma educativa neoliberal.

En la iniciativa se dice que la calidad es medible y observable, pero ¿cómo hacerlo? La fallida (fallida para maestros y alumnos) reforma educativa vigente ya nos mostró el camino: midiendo y observando los aprendizajes y las habilidades desarrolladas por conducto de las evaluaciones; otra vez se coloca a la evaluación como medio y fin del sistema educativo, de la formación de los educandos, del desarrollo profesional docente y también de los centros escolares de todos los niveles; pero ¿qué derecho es ese que pone en el centro la evaluación externa e invasiva de los maestros y no su formación situada y emanada de la necesidad de la práctica pedagógica?¿Qué derecho es ese que reclasifica alumnos y escuelas que ya fueron clasificados como pobres y marginales por las desigualdades producto de un sistema injusto que ha sido reproducido por las reformas educativas neoliberales?

La calidad no es inherente al derecho ni tampoco tuvo sentido progresivo en los educandos y maestros, como afirman en la iniciativa; por el contrario, se implementó con la reforma educativa vigente en sentido regresivo a la estabilidad laboral y emocional de los maestros, al derecho de los alumnos a una formación integral que no se reduzca al contenido de los exámenes estandarizados y a tener un maestro que los atienda en cada grupo; además se aplicó en detrimento de los alumnos con necesidades especiales que ya no tendrán atención adecuada. Desechan de la propuesta presidencial el derecho al bienestar, de las propuestas de los maestros el buen vivir como finalidad de la educación, cuyas nociones amplían lo establecido en la Constitución y superan el reduccionismo de los seres humanos entendidos como procesadores de aprendizajes y habilidades, medibles y observables.

Si la calidad es transversal al sistema educativo, ésta se percibe por encima de cualquier otro principio, objetivo o derecho. De acuerdo con esto resulta necesario preguntarse ¿quién define los parámetros, los indicadores y las orientaciones para alcanzarla? La iniciativa de los partidos del Pacto por México recurre al pecado original, recicla y renueva al desacreditado INEE con el nombre de centro nacional para la mejora continua de la educación. El centro no es ni siquiera órgano paralelo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pretenden imponer la heteronomía con un poder externo a las instituciones del Estado, que en nombre de la dictadura de los especialistas neutrales, los mismos que nunca escucharon más razón que la suya e ignoraron a los maestros, funcione como la inteligencia superior de la política educativa y supedite a la SEP a fungir como operaria de sus recomendaciones, estudios y mediciones.

Organismos como el INEE o el centro son la forma en que los poderes fácticos, empresariales y sus especialistas a sueldo, externalizan los costos políticos de sus recomendaciones fallidas, de sus políticas fracasadas y resultados insuficientes, porque ellos no las instrumentan, sino que se escudan en que sólo recomiendan y orientan; son las instituciones estatales las que jurídica y políticamente asumen la responsabilidad de manera unilateral, los actores directos en las aulas son los chivos expiatorios que pagan con denostaciones y persecuciones los fracasos de los autores intelectuales de la educación.