El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en Cuautla, Morelos, que se realizará una consulta para decidir si opera o no la planta termoeléctrica construida en la localidad de La Huexca, municipio de Yecapixtla, como parte del cuestionado Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye además un gasoducto que abarca a más de 20 municipios de Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como un acueducto y otras obras de infraestructura, plan concebido y desarrollado en sexenios anteriores a fin de sentar las bases para un gran corredor industrial.

Desde sus inicios, el PIM generó movimientos de resistencia en las comunidades de la zona y fue criticado por los riesgos ambientales e industriales, además de las afectaciones sociales que podría conllevar la puesta en operación de sus principales componentes: el gasoducto, la central generadora y el acueducto.

El viernes anterior, en su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reconoció que en el desarrollo del proyecto se cometieron abusos y atropellos, pero señaló que las tres obras en cuestión son necesarias para la generación de electricidad –debe considerarse que Morelos es el único estado de la República que no la produce– y anunció que la consulta se hará en las comunidades afectadas de Puebla y Tlaxcala y en la totalidad del territorio morelense.

Ayer, en Cuautla, en un acto masivo en el que los detractores de la planta generadora se manifestaron a gritos, el mandatario ofreció seguridades, en el sentido de que la misma no provocará contaminación ni escasez hídrica. Destacó la importancia de que la Comisión Federal de Electricidad genere su propia energía para que no tenga que comprarla a productores privados, y dijo que la inactividad de la planta provoca pérdida de unos 3 mil millones de pesos anuales –sin considerar la inversión total que está en juego: alrededor de 20 mil millones de pesos de recursos públicos–, y anunció al realización de la consulta para los próximos 23 y 24 de febrero.

En tanto, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha señalado preocupación por los peligros que podría implicar la puesta en marcha del gasoducto, el cual pasa por las faldas del volcán Popocatépetl, por los ramales previstos en algunos puntos vulnerables a una erupción; asimismo, por la falta de documentación fidedigna sobre el trazo mismo del ducto y por la posibilidad de que éste haya sufrido una afectación sísmica por el terremoto del año antepasado, cuyo epicentro se localiza a sólo 33 kilómetros de distancia del conducto.

El centro de investigación mencionó también el riesgo del robo de hidrocarburos y sus consecuencias, por lo que llamó a las autoridades a divulgar toda la información disponible, científica, técnica y social a diferentes escalas, antes de proceder a una consulta.

Las obras vertebrales del PIM son, ciertamente, uno de esos muchos casos legados por gobiernos anteriores en los que resulta obligado optar por el mal menor: las obras ya están hechas, abandonarlas significaría una pérdida en la escala de miles de millones de dólares –más lo que costaría recurrir a otras fuentes de abastecimiento eléctrico– y echarlas a andar implica asumir como hecho consumado los agravios sufridos por diversas comunidades de la región. Es correcta, en consecuencia, la decisión de someter la activación de las obras al veredicto social de las poblaciones involucradas. Aun en esas circunstancias, el gobierno tiene la obligación de poner toda la información con que cuente a disposición de los ciudadanos, a fin de que la determinación final, sea cual sea, emane de un ejercicio verdaderamente democrático. Y, desde luego, es exigible que se supervise en forma minuciosa y exhaustiva la seguridad de las instalaciones y se suprima todo riesgo a la vida, la integridad, la propiedad y la tranquilidad de los lugareños.