Javier Flores

Una normatividad guiada por una intención noble ha traído efectos indeseables para la ciencia y la tecnología que requieren de la mayor atención y soluciones a corto y mediano plazos. La austeridad republicana, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene como propósito poner alto al despilfarro de los recursos gubernamentales y limitar los elevados sueldos de funcionarios. Pero la aplicación de la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos derivada de esa política ya está provocando daños en sectores muy distintos a los que se busca corregir, pues ha ocasionado la reducción del salario neto de los investigadores (en 20 por ciento o más) y otros perjuicios en instituciones claves para el desarrollo científico y tecnológico del país.

En su etapa de arranque, una de las características distintivas del gobierno de AMLO parece ser la continua contradicción entre lo general y lo particular. Disposiciones restrictivas en la asignación y ejercicio de los recursos públicos que todos deben acatar, pero que no consideran las singularidades en las distintas áreas del quehacer nacional, lo que provoca efectos indeseables incluso en algunas que (al menos en el discurso) se pretende impulsar y hacer crecer.

En medicina se aprende desde temprano un principio básico: no hay enfermedades, sino enfermos, lo que ha llevado a personalizar los diagnósticos y tratamientos de las patologías. Esto ha marcado la evolución reciente de esa profesión que considera aspectos como las diferencias de edades y sexo, los diagnósticos basados en evidencias, hasta la medicina personalizada de precisión, surgida luego del desciframiento del genoma humano. La idea es conocer con certeza las causas y evitar provocar daños con prescripciones generalizadas… Y cuando hay un daño involuntario, hay que corregirlo de inmediato.

Desde luego es difícil aplicar principios de este tipo en las políticas públicas, pero el ejemplo sirve para ilustrar cómo una normatividad que se crea de muy buena fe para evitar el derroche de recursos públicos y evitar la corrupción, tiene problemas serios en su diseño, pues no toma en cuenta cómo afecta a instituciones científicas de excelencia, como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, y otros como el de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, los pertenecientes al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros.

Además de sus consecuencias adversas, la nueva ley ha tenido un efecto muy interesante, pues desnuda por completo la compleja red de dispositivos creados a lo largo de los años para que los investigadores puedan contar con salarios dignos y las instituciones con recursos humanos suficientes para la realización de las tareas científicas, sin comprometer los pasivos gubernamentales (como las jubilaciones).

Como han señalado algunos investigadores que se han referido a este tema (por ejemplo, Eugenia Roldán en Nexos), las restricciones salariales en los pasados 40 años llevaron a la creación de dispositivos paralelos. Además del Sistema Nacional de Investigadores, las becas al desempeño, seguros de gastos médicos mayores, bonos de exclusividad y otras prestaciones cuyos impuestos (como el ISR) eran absorbidos por las instituciones para mantener salarios competitivos. Tales dispositivos representan más de la mitad de los ingresos de los científicos. Al no formar parte del salario base, son un obstáculo para las jubilaciones, lo que obstruye la incorporación de investigadores jóvenes, uno de los problemas estructurales más serios en este sector.

Otro, igualmente serio, es el provocado por la carencia de plazas, que obliga desde hace años a la contratación de personal necesario –en ocasiones muy especializado– mediante contratos eventuales o de honorarios, que con las nuevas disposiciones terminan echados injustamente a la calle. Durante la conferencia mañanera de ayer, a pregunta expresa, AMLO señaló claramente que en la política de austeridad no existe el propósito de despedir personal especializado de las instituciones dedicadas a la ciencia.

Los problemas señalados –que ya están causando gran inconformidad en las comunidades académica y científica– tienen solución, unas a corto (como la restitución del salario) y otras a mediano plazo, pero las dependencias involucradas como el Conacyt y la Secretaría de Educación deben actuar ya.

Hay conciencia en altos funcionarios del nuevo gobierno sobre los efectos negativos de algunas políticas generales en áreas particulares. Pues, por ejemplo, Alfonso Romo señaló en una conferencia dictada recientemente en el Club de Industriales que “en algunas cosas se nos pasó la mano (…), así que vamos a rectificar en decisiones mal tomadas”. Por ejemplo, en el presupuesto de ciencia y tecnología se nos pudo haber pasado la mano en ciertos rubros que vamos a corregir (El Universal, 25/1/19)… Ojalá así sea.