Sergio González Gálvez *

No cabe duda de que el llamado Grupo de Lima, al que México aún pertenece, ha llevado a cabo un legítimo esfuerzo en la búsqueda de una solución a los conflictos internos entre diferentes grupos políticos en Venezuela, hasta que sorpresivamente, o impulsado por algún país, decidió tratar de aplicar medidas coercitivas sin base jurídica alguna, pues bien sabemos que a escala internacional, el único órgano autorizado a hacerlo, conforme a la Carta de la ONU, es el Consejo de Seguridad de ese organismo, y en casos excepcionales, su Asamblea General, sobre todo cuando enfrentamos el veto de un miembro permanente del citado consejo.

En segundo lugar, el que un grupo de países de la región califique la legalidad de lo que acontece en una nación, distorsionando el objetivo de la Carta Democrática, y desconozca a un gobierno va más allá de cualquier norma en vigor, y si esa decisión es una respuesta a violaciones masivas de derechos humanos, lo que conduce hacer conforme a derecho y convenciones vigentes no es aplicar sanciones, sino denunciar esos hechos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que evalúen y tomen las medidas del caso, sin adjudicarse facultades que nadie les ha conferido en materia tan importante.

Y por último, un comentario sobre el tan llevado y traído concepto de no intervención en los asuntos internos y externos de los estados, que al contrario de lo que algunos afirman, continúa vigente a todos los niveles, al grado de que nadie en la comunidad de naciones lo pone en duda como se define en la Carta de las Naciones Unidas, de la OEA y en su mejor definición en la resolución de la Asamblea General de la ONU 2625 (XXV), sin olvidar que ese precepto ha ido evolucionando conforme los países aceptan, repito, aceptan más compromisos internacionales y del cual un importante corolario lo constituye la llamada Doctrina Estrada, enunciada por primera vez el 27 de septiembre de 1930 por el entonces canciller de México, Genaro Estrada, en el que se señala que nuestro país no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos a otros gobiernos porque considera que es una práctica denigrante que, además de herir la soberanía de otras naciones, las coloca en la situación de que sus asuntos internos puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, que de hecho asumen una actitud favorable o desfavorable sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros.

En consecuencia –sigue diciendo la tesis señalada–, el gobierno mexicano se limita a mantener o retirar, cuando lo crea pertinente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere pertinente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México. Cuando hemos tomado otras acciones, como en los casos de Pinochet y Franco, fue para proteger a su población, no para calificar lo que en esos queridos países acontece.

Por otra parte, recordemos que desde el siglo pasado hasta los años 20, el reconocimiento de gobiernos mexicanos se condicionó, en la mayoría de los casos, siempre a la satisfacción de intereses extranjeros. Baste recordar que el reconocimiento al gobierno del presidente Obregón llevó tres años de negociaciones y culminó con un alto costo para el país, y el rechazo a declarar el desconocimiento de un gobierno fue considerado de tal importancia por nuestra nación que inclusive lo invocamos en la Liga de las Naciones en casos como el conflicto de Leticia entre Perú y Colombia, en 1932; en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, y ante la invasión de Japón a Manchuria, así como la de Italia a Abisinia y la de Alemania a Checoslovaquia y Polonia.

Por último, el gobierno de Washington, cuyas acciones en nuestro continente al parecer siguen influenciadas por la llamada Doctrina Monroe, es decir, ‘las Américas para los norteamericanos’, ha reaccionado a la presencia de armamento ruso en Venezuela y financiamientos chinos vinculados a exportaciones petroleras, con amenazas de una intervención armada, sea directamente o por medio de otros países, lo que afortunadamente ya provocó un rechazo inclusive del Grupo de Lima y estamos seguros, en breve, directamente de nuestro país.