Con la visita a México del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el nuevo gabinete de México ha tenido oportunidad de poner a prueba la reconfiguración que lleva a cabo, como en tantos otros ámbitos de la administración pública, en el de la diplomacia. Si bien los pronósticos para el encuentro eran positivos en lo general, persistía la duda de cómo habrían de gestionar ambos gobernantes las contrastadas posturas de sus países respectivos en torno al conflicto venezolano.

Debe considerarse que el encuentro de ayer generaba expectativas no sólo por la importancia de la relación bilateral entre México y España en lo económico, lo político, lo cultural y lo social, sino también porque fue la primera reunión cumbre de Andrés Manuel López Obrador en su condición de presidente constitucional, si no se toman en cuenta los encuentros, más bien protocolarios, que tuvieron lugar en el contexto de su toma de posesión.

En relación con la crisis venezolana y las discrepancias entre México y Madrid, López Obrador y Sánchez fueron capaces de reconocerlas con franqueza y de constreñirlas a su ámbito; evitaron, de esa manera, que el asunto contaminara el vínculo entre ambas naciones y lograron una reunión productiva, cordial y relajada. Las autoridades españolas persisten en su postura –compartida por otros de sus socios europeos– de que se lleven a cabo en el país caribeño elecciones presidenciales anticipadas, en tanto que las mexicanas permanecen fieles, al lado de las uruguayas, en su determinación de mantener la neutralidad y de exhortar al diálogo entre los actores políticos de Venezuela, para lo cual emitieron ayer mismo una convocatoria a una conferencia internacional en Montevideo con la representación de más de 10 países y de diversos organismos internacionales, empezando por la Organización de las Naciones Unidas.

Por lo demás, los presidentes mexicano y español acordaron el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales y coincidieron en torno a los términos en los que debe desenvolverse la inversión extranjera en nuestra nación: no impulsar iniciativas de reforma que puedan generar desconfianza en los inversionistas –ello, en referencia al reciente intento senatorial de regular a la baja las comisiones y las tarifas bancarias– y demandar a las empresas actuar con ética y honestidad y abstenerse de realizar prácticas corruptas y corruptoras.

Fue, pues, una reunión productiva, relajada y madura que contrasta con lo que parece ser el afán estadunidense por introducir en la relación con México tensiones artificiales como forma de presión para alinear al gobierno de López Obrador en la ofensiva que Washington mantiene contra el gobierno de Caracas.

Puede decirse, en suma, que el gobierno de López Obrador y su cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, han pasado con éxito su primera prueba.