Luis Linares Zapata

La decisión de detener el saqueo de las gasolinas no es sólo una cuestión de eficiencia empresarial, sino de rescatar buena parte del poder del Estado. Por tanto, hay que tratar de entender la complejidad que implica la reciente medida adoptada por el gobierno. Seguir dejando en manos de una tenebrosa mafia, adueñarse de vastísimos recursos era, y es, asunto que araña la seguridad nacional. Y en ese trajín se ha zambullido sin titubear y con información –sin duda incompleta– la presente administración. Apoyar las acciones de combate al crimen organizado dentro y fuera de Pemex y, al mismo tiempo, sonar alarmas por las penurias en el abasto en gasolineras implica un salto de dudosa lógica. En especial cuando se afirma, a continuación, que se viene actuando de manera improvisada, ineficaz, tonta o irresponsable. No es esta dicotomía una manera inteligente y, menos, de crítica bien intencionada y certera. En especial si tal postura se adopta con la precipitación con que se han adelantado innumerables juicios terminales, como los expresados en este espinoso asunto del robo de gasolinas.

La avalancha mediática no se hizo esperar ni un día, aunque fuera de descanso. De inmediato aparecieron tanto la severa condena como, de nuevo, los fatídicos pronósticos apoyados en numerologías fantásticas. Se cuantificaron, casi con saña, los supuestos costos derivados del desabasto con prédicas rotundas de crisis. Ante las molestas colas para abastecerse en varios estados y, con énfasis claro, en la misma y sensible capital, la determinación de proseguir el combate al crimen no se ha interrumpido. Cierto es que los resultados de este proceso no se han podido visualizar, con la claridad necesaria, pues aún se requieren mejores y precisos datos. Hará falta toda una campaña informativa que radique, punto por punto, los avatares del combate iniciado. Ahí deberán incluirse los ahorros logrados, las prevenciones contra la continuidad del delito, el futuro logístico del abasto suficiente, los nuevos procedimientos tecnológicos para la eficiencia del transporte y el almacenamiento, las salvaguardas para la seguridad energética y demás detalles de políticas públicas y empresariales. Parte sustantiva recaerá en el lado correctivo del delito: prisión a delincuentes que ocasionaron tan enorme corrupción y el rescate cierto, en pesos contantes, del producto de los robos.

Ahora la ciudadanía empieza a conocer detalles de la operación de la que es su empresa petrolera. Y no sólo eso, sino de su personal seguridad y bienestar correlacionados ambos con su adecuado funcionamiento. No es posible que se tenga, como herencia maltrecha, tan defectuosa red de almacenamiento y de reservas ante cualquier futura contingencia. Hay, por tanto, urgencia de propiciar activos apoyos para la construcción de la nueva refinería y reciclar las existentes. La soberanía energética es, sin duda, crucial asunto. No se puede ni se debe depender de la importación de petrolíferos, operación, por cierto, de onerosa y complicada logística.

Con la multitudinaria conferencia del pasado lunes iniciaron, de bulto, las acciones coordinadas de buena parte del gabinete presidencial. Aunque el cúmulo de datos y hechos ahí vertidos rebasa la comprensión adecuada, se exhiben diversas fuentes de la información. ¡Enhorabuena!, que no se concentre en el Presidente todas las explicaciones pertinentes. Poco a poco, pero sin descanso, fluyen tanto el abasto como el desglose de las varias y variadas facetas de esta lucha contra la corrupción petrolífera. Es, qué duda, una de las mayores peleas por el estado de derecho y contra el cinismo y la impunidad ya casi entronizadas en el modus vivendi de la nación. La ciudadanía ha respondido con conciencia y disciplina crecientes ante las molestias por la escasez. No faltan los abusos de individuos que se piensan más listos que el resto de la gente. Ni modo, esos son los mismos gandayas de siempre. Las autoridades no han dado fecha precisa para la regularización del abasto normal acostumbrado, pero lo sitúan a sólo unos cuantos días más. Con seguridad la confianza en la conducción de los asuntos públicos fortalecerá tanto la credibilidad de las intenciones como las destrezas operativas, es decir, la legitimidad de que goza este gobierno.

En este, como en otros venideros combates a la corrupción, la voluntad política es factor indispensable, vital. La contribución funcional de las instituciones viene en seguida.