En el primer día de diciembre autoridades canadienses arrestaron en la ciudad de Vancouver a Meng Wanzhou, directora de Finanzas y vicepresidenta de Huawei, gigante chino de las telecomunicaciones. La detención se efectuó a pedido de Washington, que acusa a la compañía asiática de haber mantenido relaciones comerciales con Irán, con lo que se violan las sanciones impuestas de manera unilateral por Estados Unidos para asfixiar la economía de la nación petrolera.

La privación de la libertad ejecutada por el gobierno de Canadá constituye un atropello inaudito al derecho internacional, en el cual Washington ya no sólo emplea su control sobre el sistema financiero global para sancionar y aplastar a sus competidores, sino que además se sirve de un tercer país para realizar detenciones arbitrarias. Tal agravio puede leerse en dos sentidos: en primer lugar, representa un nuevo episodio en el cual Estados Unidos pretexta su defensa de la democracia o de la seguridad global –en este caso, debe recordarse que el bloqueo económico contra Irán fue impuesto por la presunta consternación ante el desarrollo de las capacidades nucleares de Irán, pese a que nunca existió prueba alguna de que éstas tuvieran fines distintos a la generación de energía– a fin de mantener su hegemonía sobre los intercambios comerciales y financieros, así como su hasta hace unos años indisputada primacía tecnológica.

En segundo término, y de consecuencias acaso más graves, se trata de una provocación orquestada por el mandatario estadunidense, Donald Trump, quien busca intensificar la guerra comercial iniciada contra China a principios de año, hasta convertirla en una confrontación política a gran escala. De esta manera, el magnate apuesta por satanizar a la potencia asiática y presentarla ante la opinión pública de su país como el gran enemigo externo que le permita distraer la atención de los problemas internos y obligar a sus rivales políticos a plegarse a sus exigencias más disparatadas en nombre de la manida seguridad nacional.

Por otra parte, la tropelía cometida contra Meng Wanzhou evidencia la abyección de los gobernantes de Canadá, quienes con este acto redujeron al país a la condición de Estado vasallo de su poderoso vecino. No se trata del único caso actual en el que la justicia de una nación otrora orgullosa de su soberanía fue envilecida por los requerimientos de Washington: aunque azuzado por diferentes motivos, pertenece a esta misma clase el intento de Gran Bretaña por detener a Julian Assange con la finalidad de entregarlo a las autoridades estadunidenses, persecución que ha obligado al informador a permanecer recluido en la embajada ecuatoriana en Londres desde el 12 de junio de 2012.

Para el conjunto de la comunidad internacional, el arresto de la importante ejecutiva china en aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos supone una palmaria advertencia acerca de la disposición de la Casa Blanca para llegar tan lejos como le sea permitido en el abuso de su poder, y debería suscitar la más enérgica protesta en rechazo de un precedente inadmisible que amenaza a los ciudadanos de cualquier nacionalidad.