Jorge Santibáñez Romellón*

La presencia de la caravana migrante ha demostrado la incapacidad del gobierno mexicano para negociar con Estados Unidos y su presidente, Donald Trump.

La caravana también ha despertado en México discursos profundamente controversiales que van desde la solidaridad con los centroamericanos hasta el racismo extremo de quienes los rechazan y acusan de perezosos y delincuentes, incluso hay quien los consideran un riesgo para México.

Mientras tanto, Donald Trump tiene perfectamente claro lo que desea de la caravana: hacer creer que el Partido Demócrata respalda a los inmigrantes, con la esperanza de que este supuesto apoyo sea castigado por los votantes la próxima vez que los estadunidenses sean llamados a las urnas.

Asimismo, va a insistir en la construcción del muro y en el incremento de presupuesto para fortalecer la seguridad fronteriza.

Su estrategia es que los inmigrantes centroamericanos permanezcan en México mientras transcurre el tiempo de espera legal para ver si se les otorga asilo en Estados Unidos. La decisión puede tomar meses o años, dependiendo de las cargas de trabajo para desahogar estos asuntos. Mientras eso ocurre, el candidato al asilo no es detenido, permanece en libertad y tiene que asistir a la corte cada que sea llamado para definir su caso.

Lo que argumenta Donald Trump es que al dejarlos en libertad (catch and release) no se vuelve a saber de ellos y se suman a los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven en ese país. Esto no es cierto, ya que cerca de 80 por ciento regresan a las cortes a conocer la decisión final y acatan la sentencia.

Lo que ahora pide el gobierno estadunidense, y aparentemente el próximo gobierno mexicano lo aceptó, es que la espera ocurra en México; si el inmigrante es aceptado entonces será bienvenido, y si no, tendrá que permanecer en México o ser deportado a su país de origen.

Según el diario estadunidense The Washington Post, a cambio de jugar ese papel, México no pidió absolutamente nada e incluso rechazó cualquier tipo de ayuda. De ser el caso, nos chamaquearon.

Es evidente que México y Estados Unidos deben tener algún nivel de colaboración en el tema migratorio, más allá de las estridencias de Donald Trump. Aunque es discutible el tipo de trato que presuntamente se aceptó, hacerlo a cambio de nada nos regresa a las peores épocas de ­subordinación.

Hay muchos aspectos que revisar. Por ejemplo, si la ley de ambos países y los tratados internacionales permiten ese tipo de acuerdos. Asumiendo que sí lo permiten, se pudo haber exigido que Estados Unidos financie totalmente la estancia en México de los candidatos al asilo: vivienda, manutención, programas de empleo y educación. También se debió negociar financiamiento para programas de desarrollo y combate a la violencia en las comunidades fronterizas mexicanas donde permanecerán los inmigrantes, así como en sus países de origen, o bien la regularización de los dreamers.

La única fórmula fallida es la negociación en secreto, por abajo del agua, que lleva a declarar generalidades como todo se hará con pleno respeto a los derechos humanos o que se generarán oportunidades para que nadie tenga que emigrar.

En el tema migratorio, el modelo priísta de negociación con Estados Unidos consistió en conceder todo y mantener un discurso de defensa a la dignidad y soberanía nacional. El modelo panista, salvo la parte inicial del mandato de Vicente Fox Quesada y su enchilada completa, nunca fue claro y generó espacios de omisión que resultaron gravísimos para los migrantes, particularmente para los centroamericanos.

Esperemos que Andrés Manuel López Obrador haya aprendido lo bueno y lo malo de esta historia reciente.

Hay enormes espacios de oportunidad para hacer mejor las cosas. El acuerdo presuntamente ya planchado no sería un buen inicio.