El martes de la semana anterior, Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que los comicios del primero de julio de este año dejaron a la luz las inconsistencias e incongruencias en la legislación electoral aprobada en 2014, por lo que exhortó al Congreso de la Unión a revisar las disposiciones legales sobre fiscalización de gastos electorales, la viabilidad de la concurrencia en las elecciones, así como los requisitos y condiciones de participación de las candidaturas independientes, a fin de garantizar la equidad en próximos procesos. De esta manera, la magistrada colocó en el debate la pertinencia de una nueva reforma electoral.

En este contexto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, pidió este lunes que el proceso para esa eventual reforma sea consultada con los integrantes del actual Consejo General del organismo que él preside, pues están conscientes de vertientes de la reglamentación que no se alcanzan a percibir desde el ámbito legislativo.

El señalamiento de la magistrada Otálora es fundamentado: en el proceso electoral nacional más reciente fueron evidentes la falta de controles respecto de la compra descarada o simulada de sufragios y la coacción de éstos, la abierta parcialidad de algunos organismos electorales estatales, la ausencia de fiscalización de las llamadas campañas negras y la tolerancia ante la falsificación de firmas por parte de los dos candidatos independientes que finalmente tomaron parte en la contienda. La persistencia de estas y otras prácticas indebidas sigue siendo un grave lastre en la construcción de una democracia plena y funcional en el país.

Es cierto que, a diferencia de lo ocurrido en comicios presidenciales anteriores, en este año tales manchas no llevaron a conflictos poselectorales ni a cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados; sin embargo, debe tenerse en cuenta que ello se debió a la contundencia de tales resultados, inédita desde hace 36 años.

Por lo demás, no todos los aspectos deficitarios del actual sistema electoral se han debido a inadecuaciones legales. Buena parte de ellos fueron resultado del mal desempeño de las propias autoridades comiciales, incluidos el INE y el TEPJF, particularmente en las elecciones de 2006 en adelante.

Cabe recordar, a este respecto, la impresentable actuación ese año del entonces Instituto Federal Electoral y del TEPJF, la tolerancia de ambos organismos ante la masiva utilización de recursos indebidos en las elecciones de 2012, una actitud que el INE repitió en 2018.

Ha de traerse a cuento, asimismo, la determinación de la segunda de esas instancias, de ordenar la inclusión en la carrera presidencial de los aspirantes independientes Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala Gómez del Campo, a pesar del alto número de firmas adulteradas que ambos presentaron como respaldo para su registro.

En términos generales, si alguna reforma debiera hacerse al marco legal que rige en la actualidad los procesos de renovación de autoridades, debería empezar por la manera en la que se constituye el Consejo General del INE, que hoy día es una función del Congreso y refleja, por tanto, los intereses de los partidos políticos.

No es fácil imaginar una forma alternativa, pero es claro que esa marca de origen del INE ha derivado en distorsiones y actitudes indebidas de sus integrantes. Ojalá que un debate público informado y de altura permita encontrar un método más adecuado.