A una semana de la tormenta financiera desatada cuando el senador Ricardo Monreal dio a conocer, en forma sorpresiva, una iniciativa para prohibir algunas comisiones bancarias y regular otras, asoman ya indicios de entendimiento entre los legisladores de los grupos parlamentarios mayoritarios en ambas cámaras del Congreso, por una parte, y los representantes de la banca privada que opera en el país, por otra. Estas señales se manifiestan principalmente en las reuniones establecidas entre legisladores y banqueros en los pasados días, pero también en el regreso a la normalidad bursátil después de la abrupta caída registrada entre el jueves y el viernes pasados.

La distensión referida ha sido acompañada por la sumatoria de voces que de una u otra manera respaldan la idea de poner coto a las comisiones que la banca cobra por los servicios financieros, las cuales representan para los usuarios una carga adicional a la que desembolsan por concepto de intereses. Entre dichas voces se encuentran la de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuyo titular reiteró la viabilidad de reducir varias comisiones; la del director general de Nacional Financiera (Nafin), quien se pronunció en el mismo sentido, o la de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), cuya postura fue más firme al demandar beneficios más justos para los usuarios de servicios financieros.

Tras la propuesta del líder de la bancada de Morena en el Senado y las muestras de apoyo que ha recibido al paso de los días se encuentra el hecho de que estos cobros han llegado a constituir un verdadero impuesto para los usuarios de la banca, un saqueo de divisas y una fuga de utilidades para el conjunto de la economía mexicana. Este escenario se ha configurado merced a la laxitud del marco regulatorio del que gozan las instituciones financieras que operan en el país; esas reglas, en efecto, permiten que los bancos de capital extranjero cobren por sus servicios montos muy superiores a los que les están permitidos en sus países de origen y que exporten las utilidades derivadas sin restricción alguna. Para colmo, este sobrecosto por el uso de sus servicios viene acompañado de un retraso significativo en la actualización de los mismos a los estándares internacionales, algo visible, por ejemplo, en los largos tiempos de espera que padecen los clientes al acudir a las diversas sucursales. Debe reconocerse que la banca foránea no es la única que impone estas tarifas desmedidas, pero sí constituye un caso de particular importancia, habida cuenta de que controla la mayor parte del mercado.

Esta situación es a todas luces inadmisible, porque supone un lastre para la economía nacional que dificulta de manera sistemática su reactivación: tan importante es contar con un sistema bancario sólido como que dicha fortaleza redunde en un beneficio general para la sociedad y la economía, y que no desemboque en una forma de extracción de capitales.

En suma, el desarrollo económico de México requiere que las instituciones financieras se ajusten a márgenes de ganancia razonables, y una modificación a la legislación respectiva puede ser el primer paso en la dirección correcta.