Carlos Fazio

La decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco escaló la insurgencia plutocrática (Robert J. Bunker) y colocó en el orden del día la disputa por la hegemonía y el ejercicio del poder político. Con ello, y más allá de los mitos geniales acuñados por la ideología neoliberal y sus papagayos mediáticos, afloró una vez más la contradicción entre el cascarón de la democracia formal mexicana y la dictadura privada del capital.

AMLO y Morena ganaron las elecciones de forma contundente, pero la nueva hegemonía implícita en la cuarta transformación de México no se materializará en poder si no se lleva a cabo un cambio político, social y económico que restituya la res publica (la República); si la sociedad no pone límites y reglas a la plutonomía (Citicorp).

Aunque el proyecto reformista de López Obrador no busca romper con el capitalismo, sino mitigar un poco su voracidad depredadora y gestionarlo desde un prisma redistributivo, para concretarse requerirá de la construcción de un poder popular fuerte y consciente; de una mayoría social que prime sobre los mercados y no a la inversa, pero que en sus inicios operará en el seno de una formación social concreta, con sus subordinaciones y sus estructuras, con sus relaciones materiales constituidas y sobredeterminadas por la existencia de un modelo específico, el capitalismo neoliberal, que al amparo de un Estado niñera militarizado funciona al servicio de una oligarquía rapaz.

Cualquier modificación de la actual formación social pasará por conquistar la posibilidad de hacer política; por transformar la realidad. De allí que la cuarta transformación implique modificar la actual correlación de fuerzas, con la salvedad de que la relación de fuerzas material no siempre se corresponde con la relación de fuerzas a nivel político. Y que no se podrá reformar el neoliberalismo sin tocar a las instituciones que le sirven de soporte. Es decir, sin reconstituir el Estado, sin dotarlo de una nueva arquitectura institucional democrática. Por lo que el cambio de régimen no se reduce a la tríada corrupción-impunidad-simulación.

En ese contexto, con las escaramuzas en torno al nuevo aeropuerto como telón de fondo de la coyuntura, recrudeció la puja entre quienes buscan perpetuar el capitalismo de compadres clientelista (crony capitalism) y quienes quieren separar el poder corporativo trasnacional del poder político. Entre una corporatocracia amoral, que no está en los negocios para ser humanitaria sino para que extraer beneficios y aumentar sus acciones al máximo, y quienes buscan limar las aristas más perversas de la dominación y la explotación de clase.

Ante el diluvio de distorsión ideológica y la catarata de anuncios apocalípticos (desplome de la inversión, debacle bursátil, devaluación, grave incertidumbre económica, amparos, demandas ante tribunales internacionales) propalados por quienes tienen la función de representar a los mercados, conviene precisar que éstos responden a las decisiones individuales o grupales de los jefes −casi siempre innombrables– de poderosos clanes familiares (Slim, Larrea, Baillères, Hank , Salinas de Gortari, Vázquez, Azcárraga, Tricio, Salinas Pliego, Ramírez, Coppel, González et al.); de un reducido grupo de accionistas de grandes corporaciones empresariales (por ejemplo, en México, el Grupo de los 10 de Monterrey, Grupo Carso, Hermes, Grupo México, ICA, Grupo Peñoles, etcétera); directivos de bancos como JP Morgan, Citigroup, Bank of America, HSBC, Santander, BBVA Bancomer, Banorte, UBS y otros; de fondos de inversión tipo Black Rock, AXA, Capital o Goldman Sachs; calificadoras de riesgo como Moody’s, Fitch Ratings, Morgan Stanley y Standard and Poor’s; fondos de cobertura (hedgefund, los tiburones del embravecido mar de los mercados), y los capos/as de los perros guardianes de la potencia imperial: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que dependen del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Así, manipular, amenazar y meter miedo mediático con los mercados y la inversión−descritos como si fueran fuerzas de la naturaleza o entes con voluntad propia, y no el resultado de decisiones económicas y políticas tomadas por poderosos grupos corporativos en función de un análisis de costo-beneficio− sólo busca perpetuar el poder de unas élites extractivas (Acemoglu/Robinson) que históricamente han atacado a la democracia, el estado de derecho, la ciudadanía y los derechos humanos.

Grupos de interés que en el marco de la actual fase del capitalismo financiero y especulativo –también llamado capitalismo de casino, con sus ludópatas, buscadores de rentas, traficantes de influencia y beneficiarios de la corrupción− y de una teologización del mercado, han dado paso en México, en los últimos 35 años, a un régimen absolutista que combina la plutocracia con la cleptocracia. Ese viejo régimen, contra el que votaron 30 millones de mexicanos, es el que hay que desmontar y desmantelar. Pero no será fácil. La insurgencia plutocrática (es una guerra de clases y mi clase la está ganando, Warren Buffet dixit) intensificará su ofensiva; lo de ahora fue sólo un aviso. De allí la necesidad de un pueblo consciente y organizado.