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Carlos Martínez García

La de justicia por propia mano es una zona oscura. Es imperioso iluminarla, comprender que los linchamientos revelan conductas ciudadanas que tienen lugar con recurrencia preocupante. Esta práctica, desafortunadamente, tiene larga presencia en México, pero en las dos décadas recientes se ha documentado el fenómeno y ello permite arrojar luz en la barbarie para desarraigarla.

Son variadas las explicaciones dadas a los actos en que una turba enfebrecida decide ejecutar a quien sumariamente considera culpable de haber cometido algún agravio contra la comunidad. Un argumento que mueve a los linchadores y justificadores de las ejecuciones es que existe alta desconfianza en las instituciones de procuración de justicia municipales, estatales y federales. Esgrimen que la corrupción del aparato judicial y la consecuente impunidad que cubre a los delincuentes son elementos que contribuyen a que tengan lugar los linchamientos. No cabe duda de que esa corrupción existe y que la impunidad es un lastre incompatible con la democracia integral a la que como sociedad aspiramos. Sin embargo, tal realidad no exime de responsabilidad jurídica y moral a quienes participan en las atrocidades que terminan en asesinatos o graves daños físicos de personas a las que se les negó cualquier posibilidad de defensa legal.

Una cultura política autoritaria, cuya mayor expresión fueron las décadas de dominación priísta, se ha adentrado en las conciencias y prácticas de una muy buena parte de la ciudadanía. Por esto sigue pendiente la tarea de construir en casi todas las instancias de la sociedad mexicana, en los espacios de poder y en la sociedad civil formas democráticas de interacción y de resolver los conflictos. Por muy loables que sean las causas de un grupo o de una persona, ello no les da ningún derecho a vulnerar las garantías que nuestras leyes establecen para cada habitante del país. Es necesario estar atento a los actos que niegan la democracia pero cuentan con apoyo popular. No todo lo que hace una mayoría se convierte súbitamente en acto democrático.

Siempre atento al pulso de la sociedad, Carlos Monsiváis comentó (13/9/1999), en el contexto de las celebraciones del 15 aniversario de , el significado de la contundente fotografía publicada en primera plana de cinco hombres con soga al cuello que estuvieron a punto de ser ahorcados en Leonardo Bravo, Guerrero: Un diario es capaz de decidir, un día cualquiera, desplegar en primera plana esa plaga del horror, el linchamiento, donde (cinco) personas van a ser colgadas como cuatreros del siglo XIX. El hecho, según la nota de Blanche Pietrich, significó para Monsiváis registrar de manera crítica y democrática la negación de la democracia que ya no viene sólo del gobierno, sino también de la sociedad.

Los recientes linchamientos que tuvieron lugar en Acatlán, Puebla (tío y sobrino fueron señalados, falsamente, de ser robachicos), y el de anteayer en San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa, donde el acusado por la turba de intentar secuestrar a una niña cayó ultimado a golpes, pedradas y palos, siguieron la misma ruta que la atrocidad perpetrada hace tres años en Ajalpan, Puebla.

En octubre de 2015 se hizo uso de la tecnología para incitar a la barbarie. Por mensajes y redes sociales comenzó a difundirse en Ajalpan que en el poblado estaban retenidos unos secuestradores. Nadie quiso escuchar a Abraham y David Copado Molina, quienes se identificaron con sus credenciales de elector y acreditación como encuestadores. Estaban en Ajalpan para aplicar cuestionarios sobre el consumo de tortillas.

En el poblado creció un rumor, consistente en que una niña estaba desaparecida. Los hermanos encuestadores fueron llevados a la cárcel municipal. Apareció la niña supuestamente secuestrada y no hizo cargos contra Abraham y David. La falsa acusación contra los hermanos siguió difundiéndose, y algunos habitantes de Ajalpan decidieron hacer justicia por propia mano. Sacaron de la cárcel a los dos y comenzó el juicio sumario. La golpiza, el linchamiento, solamente concluyó cuando los sanguinolentos cuerpos de Abraham y David fueron consumidos por la hoguera que prendieron los más iracundos de la muchedumbre.

Especialista en el trasfondo y mecánica de los linchamientos, José Antonio Aguilar Rivera considera que la debilidad del Estado, su incapacidad para garantizar la impartición de justicia, la crónica desconfianza que le tiene la ciudadanía incuban la tentación en algunos de hacer justicia por propia mano. Pero también apunta hacia lo que llama el lado oscuro del capital social, el cual no ha recibido la misma atención que sus efectos virtuosos. En ocasiones la sociedad civil puede obstaculizar la formación de un orden democrático.

Es inaplazable hacer luz sobre el lado oscuro del capital social capaz de perpetrar con saña inclementes linchamientos.

Jose María Carmona

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