Néstor Martínez Cristo*

El anuncio del presidente electo de modificar radicalmente la comunicación social tan pronto asuma el gobierno parecería una medida consecuente con la tan ofrecida política de austeridad republicana, pero sin duda también conlleva riesgos políticos y problemas operativos que ameritan una reflexión más profunda.

Reducir a la mitad el gasto de comunicación social del gobierno federal y adelgazar la obesa burocracia existente en muchas de las también llamadas oficinas de prensa son decisiones que pudieran resultar controvertidas dentro del ámbito de los medios, pero centralizar prácticamente toda la comunicación gubernamental en una sola coordinación parece un despropósito.

Para nadie medianamente involucrado en el mundo mediático es un secreto que el gobierno federal ha sido por años el principal benefactor y sostén de la mayoría de los medios de comunicación del país, trátese de la radio, la televisión, los diarios o las revistas.

Tampoco resulta desconocido que los enormes presupuestos destinados a la comunicación, ya sea mediante la publicidad oficial o por otros canales menos transparentes, generó durante años prósperas empresas, acaudalados empresarios y enriqueció a jefes de prensa y periodistas.

La comunicación social ha sido, en muchos casos, un barril sin fondo que permitió a los gobiernos –al menos desde el sexenio de Miguel Alemán, cuando surgieron las oficinas de prensa– trabar relaciones políticas y comerciales, basadas en componendas, favores o en abiertas corruptelas.

Datos obtenidos por Fundar revelan que en los primeros cinco años de su gestión, Enrique Peña Nieto destinó a la comunicación social alrededor de 2 mil millones de dólares, unos 38 mil millones de pesos. De ahí la visión y la idea del presidente electo de ahorrar más de mil millones de dólares para canalizarlos a otras tareas prioritarias de su gobierno.

Se puede prever desde ahora que tal decisión, necesaria para una nueva y más sana convivencia entre gobierno y medios, acarrearía seguramente costos políticos a López Obrador y embates diversos que el tabasqueño y sus colaboradores tendrían que afrontar.

Algo similar podría ocurrir al comenzar la poda al interior de las oficinas de comunicación. Adelgazar estructuras gubernamentales implicaría necesariamente enviar al desempleo a cientos o miles de burócratas de todos los niveles o, en el mejor de los casos, reubicar a parte de ellos en funciones diferentes.

Es cierto que algunas de estas áreas son obesas –tanto, como muchas otras en el gobierno– y que requerirían no sólo de reducción de personal, sino de una reingeniería en sus estructuras.

Así, el recorte al gasto en comunicación social y el adelgazamiento de las oficinas de comunicación son medidas viables que apuntan al camino correcto, pero cuya instrumentación implicaría también practicar cirugías de alta precisión.

Centralizar, sin embargo, toda la comunicación gubernamental en una sola oficina, en este caso la coordinación nacional de comunicación social de la Presidencia, parecería, esa sí, una decisión tomada a la ligera sin que se hayan medido aún sus alcances ni sus proporciones.

Al centralizar la comunicación en la Presidencia, o más aún en su persona, el presidente capitalizaría los eventuales logros y éxitos de su gobierno, pero también –y quizás en mayor medida– sería el fin único, el blanco perfecto de críticas y cuestionamientos, y el responsable directo de las fallas y los fracasos de su administración.

El presidente electo ha señalado que desde la oficina de comunicación de la Presidencia –que estará ubicada en Palacio Nacional– serán emitidas todas las líneas comunicacionales, todos los mensajes, la información cotidiana de su gobierno y que, desde ahí también, se conducirá la relación con medios y periodistas y se atenderán, además, los requerimientos de información o de entrevistas, que éstos lleguen a formular a cualquiera de las dependencias e instituciones del próximo gobierno. De concretarse, la tarea será titánica y el resultado –me atrevo a augurar: el colapso. Las dimensiones del país y de su administración federal distan mucho de ser las de Macuspana y sus oficinas municipales. La desproporción es brutal.

En una entrevista reciente, el presidente Peña Nieto admitió que al iniciar su Presidencia suponía que la gestión sería similar a la ejercida como gobernador del estado de México: Pensé que podía parecerse y que simplemente era una cuestión de escala y de dimensión. Y me equivoqué rotundamente. Es muy diferente, se parece muy poco, tuvo que admitir a la distancia. Y sí, en efecto, Toluca tampoco es México.

AMLO es un animal político, dueño de una intuición extraordinaria, quien se ha revelado como un comunicador que sabe llegarle a la gente. Debería por tanto darse oportunidad de repensar y revalorar esquemas y propuestas para la comunicación social. No todo lo que existe es malo ni hay que reinventarlo. Reducir el número de oficinas de prensa pudiera significar ventajas, pero mantener al menos una en cada sector podría ser más eficaz e implicar menores riesgos para su gobierno.

No es conveniente menospreciar la influencia de los medios de comunicación tradicionales. Hay que darles el espacio y la atención debidas. Considerar a las benditas redes sociales como la alternativa para la comunicación de un gobierno es una utopía. Las redes no son la panacea ni el instrumento más adecuado para llevar a cabo una comunicación responsable y eficaz, propia de un gobierno democrático.